Si ya el país atraviesa una crisis grave por los picos de inseguridad y violencia en muchas regiones, las fracturas en los grupos armados ilegales complican aún más el accionar de las Fuerzas Militares y de Policía para combatirlos.
En los últimos meses las divisiones se han multiplicado en las facciones residuales de las Farc. Primero fue el llamado “Estado Mayor Central” el que se escindió en dos grandes bloques en medio del proceso de negociación de paz con el gobierno Petro. De un lado quedó alias ‘Iván Mordisco’ y del otro alias ‘Calarcá’. Aunque es parcial la información sobre los frentes y cuadrillas de cada bando, sobre todo porque no son estructuras sólidas, verticales y con mandos jerarquizados (incluso hay facciones que se han pasado de un bloque a otro), inteligencia militar cree que el primero tendría no menos de 3.000 hombres-arma y el segundo poco más de 2.000. Ambos, eso sí, operan en zonas con alta incidencia del narcotráfico, minería criminal, contrabando de madera, extorsión y otros delitos.
En medio de la accidentada política gubernamental de “paz total”, hay un cese el fuego vigente con los bloques de ‘Calarcá’, mientras que se desarrolla una ofensiva militar contra las facciones de ‘Mordisco’, sobre todo en el suroccidente del país, como es el caso de la Operación Perseo en el cañón del Micay (Cauca).
Aunque desde instancias castrenses se afirma que hay una georreferenciación que permite saber qué frentes pertenecen a una y otra corriente de las disidencias, en el terreno la diferenciación es muy complicada, lo que indudablemente obstaculiza el actuar de Fuerzas Militares y Policía. De hecho, algunas gobernaciones y alcaldías investigan denuncias sobre cuadrillas que se hacen pasar indistintamente por pertenecientes a uno y otro bando, según la coyuntura operacional, el delito que están perpetrando o el nivel de riesgo de un ataque de tropas estatales.
A la división de las disidencias de las Farc, es decir, cabecillas y grupos que nunca entraron en el proceso de paz de 2016, hay que sumar la fractura esta semana de la llamada ‘Segunda Marquetalia’, liderada por el exjefe negociador en La Habana, alias ‘Iván Márquez’, y compuesta por exmandos y frentes que firmaron el pacto con el gobierno Santos pero luego reincidieron en la actividad subversiva.
En medio de la accidentada mesa de negociación con la delegación gubernamental, se precipitó una escisión. ‘Márquez’, escondido y protegido en Venezuela por la dictadura, desautorizó las tratativas que estaba llevando a cabo su delegado ‘Walter Mendoza’. Al final este último dijo que pasaba a ser el jefe de la ‘Segunda Marquetalia’ y se mantenía en el dialogo con el Ejecutivo, dejando en vilo a su exsuperior.
Si bien el alto comisionado de Paz se apresuró a indicar que la negociación podría seguir con ambos flancos por separado, lo cierto es que en el día a día de la Fuerza Pública tampoco hay claridad sobre cuáles frentes, de los que operan en 65 municipios de doce departamentos, quedaron a lado y lado, y menos de aquellos que apoyan el proceso de paz y el desescalamiento del conflicto, y los que no.
Hasta con el Eln se presentó una circunstancia similar. Tal es el caso del escindido frente “Comuneros del Sur”, que delinque en Nariño, con el cual el Gobierno ya inició un diálogo preliminar de paz, pese a la oposición de la facción subversiva mayoritaria con la que lleva casi dos años negociando. De hecho, esa apertura de tratativas fue uno de los motivos que congelaron la mesa por varios meses. Solo semanas atrás se destrabó, sin cese el fuego y en medio de una cruenta escalada insurgente en varias zonas del país.
Como se ve, la atomización de los grupos guerrilleros hace más complicada la tarea de las Fuerzas Militares y de Policía para neutralizarlos. Las fracturas no solo aumentan los violentos pulsos territoriales por el dominio de los enclaves de economías ilícitas, sino que disparan las masacres, asesinatos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y otras afectaciones a la población indefensa.
Un obstáculo más en medio de un repunte de la violencia y el desorden público en muchos departamentos, que tiene a la población casi inerme ante los delincuentes. La caótica política de “paz total” hace agua en todos sus flancos y, lejos de disminuir la intensidad del conflicto, pareciera exacerbarlo al no contener las escisiones y divisiones de los ilegales. Con ceses el fuego difusos se restringe la operatividad militar y policial mientras se abren mesas de negociación con más grupúsculos criminales aquí y allá.