* Accidentado proceso con disidencias de Farc
* Población continúa inerme ante los violentos
Si hay ejemplo patente de la accidentada política de “paz total” que adelanta el gobierno Petro es el esquema de negociación que se ha tratado de avanzar con los grupos residuales de las Farc. De un lado, pese a que por mandato constitucional y legal es imposible reconocerle estatus político a la facción denominada “Nueva Marquetalia”, ya que tanto ‘Iván Márquez’ como el resto de cabecillas, mandos medios y muchos combatientes de base son desertores del acuerdo de paz de 2016, el Ejecutivo decidió entablar diálogos y luego una mesa de negociación con ese grupo, cuya estructura y rango de operación territorial es muy difuso.
En cuanto a la otra facción residual de las extintas Farc, que se autodenomina “Estado Mayor Central” (EMC), compuesta en su mayoría por cabecillas y subversivos que no entraron al proceso de paz del gobierno Santos, el panorama es más complicado. De un lado, en medio de gestiones controvertidas del anterior Alto Comisionado de Paz se establecieron conversaciones preliminares con ese grupo que, según los cálculos de las Fuerzas Militares, podría tener no menos de cuatro mil hombres-arma.
Esos contactos llevarían a una instancia de diálogos formales el año pasado, en los cuales se avanzó improvisadamente a un acuerdo de cese el fuego que, desde un comienzo, se advirtió mostraba falencias. No solo porque no se tenía la suficiente claridad de las zonas en donde delinquen estos frentes y cuadrillas, lo que obviamente restringía de forma sustancial la operatividad sobre el terreno de la Fuerza Pública para combatir otras expresiones ilegales, sino porque era innegable que dicha organización criminal estaba enfocada principalmente en adueñarse a sangre y fuego de los enclaves y corredores estratégicos del narcotráfico, minería ilegal, tala de árboles, contrabando y otros delitos de alto impacto.
Lamentablemente, el Gobierno hizo caso omiso de las advertencias de los mandatarios departamentales y municipales y mantuvo tercamente el cese el fuego, cuyo mecanismo de verificación y monitoreo siempre ha sido muy deficiente. Esta última circunstancia llevó a que de forma rápida las disidencias empezaran no solo a fortalecerse en muchas regiones, incluso disparando el reclutamiento forzado de menores de edad, sino que, además, desataron una ola de violencia en no pocos departamentos, perpetrando asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, masacres, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados de población e incluso ataques a la Fuerza Pública y hasta combates con facciones de la “Nueva Marquetalia”, el Eln y bandas criminales de alto espectro, tipo ‘Clan del Golfo’.
Esa crisis de desorden público e inseguridad llegó a un punto insostenible al comienzo de este año, sobre todo por el accionar desenfrenado de las disidencias en Nariño, Cauca y Valle. Fue tan evidente que el cese el fuego se convirtió en un ‘rey de burlas’ que aprovechaban los ilegales para consolidarse en los territorios, que al Gobierno, que había desconocido indolentemente todos los reclamos de múltiples sectores del país, finalmente no le quedó más opción que suspender, en marzo, la tregua en esos tres departamentos y darle la orden a las Fuerzas Militares y de Policía de que pasaran a la ofensiva, sobre todo en sitios estratégicos como el Cañón del Micay.
Esta decisión oficial generó una crisis interna en el EMC, en donde el máximo jefe, alias ‘Iván Mordisco’, prácticamente quedó por fuera del proceso de paz y los cabecillas de otros tres bloques pasaron a encabezar la mesa de negociaciones, aunque uno de ellos, alias ‘Calarcá’, dejó en claro que el desarme no estaba entre las opciones a contemplar si se firmaba un acuerdo de paz. Pese a la gravedad de esta última advertencia, el Gobierno decidió seguir adelante. De hecho, esta semana indicó que a la facción de ‘Mordisco’ se le combatirá en todo el país, mientras que sigue el cese el fuego con el resto de las disidencias.
Así las cosas, el Ejecutivo se mantiene en la mesa con apenas una parte del EMC, lo que claramente va en contravía del concepto de “paz total” y repite el mismo error grave del acuerdo de 2016. De igual manera, continúa un cese el fuego que, sobre el terreno, será difícil de cumplir, ya que hay zonas en donde operan frentes de los dos bloques de las disidencias. Es decir, que la operatividad de las Fuerzas Militares y de Policía seguirá restringida en muchas regiones, lo que claramente no solo atenta contra su misión principal de proteger a la población sino que permite que estas facciones sigan fortaleciéndose territorialmente, dominando más rentas ilícitas y desplazando la legitimidad institucional del Estado.
Como se ve, el escenario del proceso de paz con las disidencias continúa marcado por los bandazos, la deficiente estrategia de negociación gubernamental y un cese el fuego parcial y más complejo de verificar. Y, sobre todo, deja a los habitantes de múltiples regiones inermes ante los violentos. Un panorama que difícilmente podría ser peor.