Uno de los principales cuellos de botella en la competitividad nacional y regional es, sin duda alguna, el relativo a una infraestructura deficiente.

De allí que genera alta preocupación lo advertido ayer por la Contraloría General en torno a un cúmulo de anomalías en muchas obras de infraestructura relacionadas tanto con agua potable, saneamiento básico y transporte, como con desarrollo vial.

No es un asunto de menor calado y prueba de ello son las cifras de presupuesto público que están comprometidas. De acuerdo a los modelos de monitoreo especializado que se han aplicado desde 2020 para identificar riesgos y anomalías en obras públicas, ha sido necesario emitir no menos de 1.647 alertas, involucrando recursos por $71,8 billones. En solo lo atinente a este año, hay 287 alertas por más de $6,2 billones.

Lo más grave es que se trata de proyectos de infraestructura destinados a tener un gran impacto socioeconómico en las regiones, pues corresponden a construcción de carreteras (19,81%), vivienda (17,73%), centros educativos (17,67%) y acueductos y alcantarillados (13,5%).

Tal como pasa en otros flancos de la contratación pública, las inconsistencias más recurrentes se refieren a avance físico significativamente menor al programado, suspensiones prolongadas que duplican el plazo previsto y diferencias marcadas entre la ejecución física y financiera de los respectivos proyectos.

Y todo lo anterior deriva en lo de siempre: costosas fallas en la planeación, ejecución, puesta en servicio y seguimiento de los contratos. ¿Resultado? Obras demoradas e inconclusas y sobrecostos que impactan no solo el erario, sino que demoran y obstaculizan la inversión social en los sectores más vulnerables de la capital del país.

En este último aspecto, según el ente de control fiscal, hay programas que, se supone, son bandera del actual Gobierno, como es el caso de “Caminos Comunitarios de la Paz Total”, que fue diseñado para intervenir más de 33.000 kilómetros de vías rurales terciarias en 26 departamentos, con una inversión estimada de $8 billones.

Es urgente que desde los ministerios, institutos, agencias y departamentos administrativos se dé una respuesta a este campanazo de la Contraloría. Hay millonarios recursos oficiales en riesgo aquí. También tiene que evaluarse lo que está pasando con las interventorías y con las mismas autoridades locales y regionales que, se supone, deberían estar ejerciendo veeduría sobre la ejecución y buena marcha de estos contratos. Igual interrogante debe hacerse con respecto a las comunidades. Cuesta entender por qué no vigilan y denuncian a tiempo las anomalías en las obras que las benefician directamente.