* Debate por propuesta de referendo en marcha
* El actual gobierno profundiza el centralismo
El avance de la campaña de recolección de firmas para la propuesta de referendo que pondría a consideración de la ciudadanía una reforma constitucional que les daría más autonomía fiscal a los departamentos, abre un interesante debate sobre la cantidad de responsabilidades y recursos a cargo de las regiones y el nivel de transferencias presupuestales desde las instancias del Gobierno Nacional Central.
Profundizar ese debate es clave, sobre todo porque, tras cumplir la primera fase del proceso de convocatoria de este mecanismo de participación ciudadana, el comité promotor ya recibió hace un par de semanas la autorización de la Registraduría para iniciar la recolección de no menos de dos millones de firmas ciudadanas válidas, las cuales, si llegan a ser certificadas por la Organización Electoral, permitirían enviar el proyecto al Congreso. Si allí es aprobado, entonces iría a control previo constitucional y, en caso de pasar este filtro, se fijaría la fecha para la respectiva cita en las urnas. Para entrar en vigencia se requiere que voten un poco más de diez millones de colombianos, siempre y cuando la mitad más uno sufraguen por el Sí.
En nuestra edición dominical hablamos al respecto tanto con el gobernador de Antioquia, principal impulsor del referendo, como con diez mandatarios departamentales y de ciudades capitales. De ese informe quedaron tres elementos en claro. El primero, que la propuesta de referendo genera división entre los titulares departamentales. Algunos la apoyan al considerar que dicha iniciativa acabaría con el marcado desequilibrio de recaudo de rentas y distribución de ingresos entre las esferas del gobierno central y las regionales. Señalan, incluso, que la Nación se queda con el 80 % de los recursos tributarios y fiscales, lo que no solo evidencia que el lesivo centralismo se mantiene en Colombia, sino que desdice del mandato constitucional según el cual el nuestro es un país de regiones. Aunque hay mucha legislación en este último sentido, gran parte se queda a medio camino por limitaciones graves en autonomía y financiación oficial.
Otros gobernadores, a su turno, advierten que permitir que las administraciones seccionales y el Distrito Capital graven y manejen de forma exclusiva la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que residan en sus respectivas jurisdicciones, no necesariamente garantizará la superación de las brechas de pobreza social, desigualdad y exclusión socioeconómica. Esto porque, así como algunos departamentos cuentan con suficiente aparato productivo e ingreso per cápita, lo que les garantizaría captar cifras altas en impuestos, la mayoría carecen de esta ventaja y, por ello, requieren –o dependen– en gran parte de las transferencias del Gobierno Nacional Central para poder sufragar gastos de inversión social en múltiples frentes.
En segundo término, resulta innegable que hay un principio de politización alrededor de este proceso de referendo. No es un secreto que el gobernador de Antioquia proviene de una orilla partidista contraria a la Casa de Nariño, por lo que el propio presidente de la República ha salido en repetidas ocasiones a descalificar esta propuesta de autonomía regional fiscal. Obviamente esta circunstancia dificulta un análisis objetivo e imparcial de la propuesta por parte no solo de la ciudadanía, sino de múltiples sectores políticos, económicos, sociales e institucionales del país.
Por último, pero no menos importante, resulta obvio que todos los últimos gobiernos han prometido que van a actualizar el esquema de situado fiscal y de transferencias presupuestales a los departamentos y municipios, pero ninguno ha cumplido. Prueba de ello es la tan prometida pero nunca concretada reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Este proyecto se ha radicado varias veces en el Congreso en las últimas dos décadas (ahora hay otro en trámite), pero nunca prosperó. Tampoco se ha avanzado en cuanto a la reforma tributaria regional, en tanto que la implementación del catastro multipropósito va a medio camino. Otros cambios aplicados, como la reingeniería al Sistema Nacional de Regalías, bajo la tesis de repartir la ‘mermelada’ de estos recursos en todo el país, no han dado los resultados esperados. A ello se suma que los gobiernos seccionales y locales se quejan constantemente de que les han asignado más responsabilidades en generación de productos, bienes y servicios públicos, pero el traslado presupuestal desde el nivel central no ha sido proporcional.
Es más, al actual Ejecutivo, que hizo campaña con la bandera de la descentralización, se le señala de todo lo contrario: centralizar el diseño e implementación de programas, proyectos y hasta de obras de infraestructura, debilitando o incluso desconociendo a gobernadores y alcaldes. Hasta en el nuevo esquema de subsidios resulta evidente ese afán de pasar por encima de las administraciones departamentales y municipales.
Como se ve, el proyecto de referendo, más allá de quiénes lo apoyan o critican, da un nuevo aire a un debate que desde hace muchos años está sobre la mesa pero, como muchas otras problemáticas en Colombia, ninguna de las ramas del poder público ha atinado en resolver.