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* Máxima alerta en sistema de emergencias
* Descoordinación oficial generaría tragedia
El impacto del fenómeno de La Niña en Colombia en el segundo semestre apunta a ser muy fuerte. Por lo menos así se desprende de lo advertido esta semana por varios ministerios, el Ideam y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Los escenarios de afectación por esta contingencia climática, que se caracteriza principalmente por lluvias por encima de los promedios históricos y bajas temperaturas, han sido calculados desde el más leve al de mayor gravedad. Este último es, sin duda, muy alarmante en la medida en que proyecta daños y pérdidas muy graves que demandarían del Estado invertir no menos de 20 billones de pesos en reparación, mitigación y reconstrucción.
Resulta evidente que estas alarmas no son nuevas. De hecho, desde comienzos de este año, cuando se transitaba en nuestro país la fase final del fenómeno de El Niño, que puso en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico, propició una ola de sequía e incendios forestales y llevó incluso a racionamientos de agua en la capital del país, se advirtió por las autoridades meteorológicas nacionales e internacionales que habría un corto periodo de transición hacia La Niña, con alta incidencia en el segundo semestre.
Incluso, ya desde mayo se activó una primera fase del plan de contingencia por parte del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, pero serán los trimestres móviles agosto-octubre y noviembre-enero los de mayor repercusión en materia climática.
En ese orden de ideas, es claro que todas las instancias de los gobiernos nacional, regionales o locales ya estaban advertidas con la suficiente antelación de esta complicada coyuntura en la segunda mitad del 2024. Cada uno de esos niveles ha tenido el suficiente tiempo para diseñar y arrancar sus estrategias de contención de posibles daños.
Sin embargo, hay alarmas tempranas que preocupan. De un lado, el propio director de la Unidad de Gestión de Riesgo admite que hay escasez presupuestal para afrontar los billonarios gastos que asoman. Un campanazo con muchas implicaciones, sobre todo ante un pronóstico de más de 2.600 emergencias (un promedio 15 eventos diarios), principalmente referidas a inundaciones, derrumbes, vendavales y avenidas torrenciales. Es más, por los bandazos en las condiciones climáticas no se descarta la ocurrencia de más de 430 incendios forestales y ocho casos de sequías. Alerta aún más que se estime que La Niña podría generar afectaciones a más de 550 mil familias, 16 mil viviendas destruidas, otras 224 mil averiadas, así como 2,2 millones de hectáreas de cultivos impactadas. Ya, de entrada, hay siete departamentos que se declararon en estado de calamidad pública.
Obviamente es imposible evitar que la ciudadanía, así como múltiples sectores políticos, económicos, sociales e institucionales, relacionen la inexplicable estrechez de recursos en la citada Unidad con el escándalo de corrupción a gran escala en que está sumida esa entidad, salpicando a varios ministros y altos funcionarios de la Casa de Nariño, así como a una decena de congresistas, todo ello en medio de un complejo entramado de contratación irregular, compraventa de apoyos políticos para proyectos y presuntos sobornos con fines electorales.
Más allá de esta circunstancia, lo cierto es que el país está ad portas de un desafío de prevención y atención de emergencias de alto calado. No solo por la cantidad de vidas en peligro, sino porque lo peor que le puede ocurrir a Colombia en medio de una descolgada económica tan drástica y un escenario fiscal crítico, es que la contingencia climática genere pérdidas billonarias en el aparato productivo, vuelva a presionar la inflación al alza y obligue a erogaciones cuantiosas para reparar infraestructura, mantener a flote la agroindustria y asistir a los damnificados.
Para que funcione el plan de respuesta diseñado ante la llegada de La Niña es vital que las esferas de los gobiernos nacional, departamentales y municipales actúen de forma coordinada y proactiva. Por igual, deben inyectarse recursos urgentemente a la Unidad de Gestión de Riesgo (con todos los filtros, veeduría y controles posibles), así como revisar en todo el país la funcionalidad de los comités de prevención y atención de emergencias. No hay que confiarse. Incluso, bien podría pensarse en un “gabinete de crisis”, así como en un comité permanente con los gremios para acordar estrategias de reacción inmediata. Sobra decir que la Fuerza Pública debe estar lista para abocar operaciones de rescate y asistencia a población afectada. Igualmente hay que prever alojamientos y víveres para los eventuales damnificados, equipos para reparación y rehabilitación vial y proceder a evacuaciones preventivas en zonas de alto riesgo…
El fenómeno de La Niña ya llegó. Estaba advertido con mucha anterioridad y, por lo tanto, no puede haber excusas, vacíos ni carreras de última hora para enfrentarlo. Todo el país está a prueba.