Ante un notario y de cara al país, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, junto con su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, declararon bajo juramento que su programa de gobierno y su propuesta de transformación para Colombia no se fundamentan ni incluyen ningún tipo de expropiación. Esta acción trajo muchas críticas de parte de la oposición.

El congresista César Lorduy, de Cambio Radical, recordó lo que hizo el presidente mexicano en su país cuando era candidato: Enrique Peña Nieto inició su campaña electoral con el lema “Te lo firmo y te lo cumplo”, y firmó 266 compromisos ante un notario público. Seis meses antes de que terminara su gestión como Presidente de la República solo había cumplido alrededor del 40 por ciento de ellos, y a pesar de que firmó dichos convenios ante notario público, nada lo obligó a cumplirlos, comentó.

“Permanecieron inconclusos más del 50 por ciento de los 266 compromisos adquiridos, pues no se habían cumplido pendientes como obras de infraestructura, conectividad y proyectos para recuperar la seguridad en ciudades víctimas de violencia”. Añadió que, en el último año de su Gobierno, tan solo había logrado el 38,5% de sus propuestas.

“Al final solo cumplió el 40 por ciento de dichos compromisos, lo cual significa que seis de cada 10 promesas de gestión no fueron honradas en los hechos”, finalizó.

Por su parte, el asesor jurídico de la campaña, Germán Navas Talero, hizo algunas precisiones acerca del tema. El abogado aseguró que un gobierno no se rige con pactos firmados en notaría, tal como lo hicieron los candidatos.

“Que una persona vaya a una notaría y deje firmado, no vincula al Gobierno nacional. En el Gobierno se vincula a través de decretos, leyes o reformas constitucionales, no con promesas electorales en notaría”, mencionó.

Navas Talero explicó que quien funja como presidente de Colombia, sea Petro o cualquiera de los otros candidatos que está en la contienda, no podrá hacer cambios tan radicales sin el respaldo del Congreso de la República. Es decir, que en caso de que un mandatario quiera avalar la expropiación en el país u otros temas trascendentales como el ingreso de otros grupos armados a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la decisión primero debe ser aprobada por los senadores y representantes.

“Esas posibilidades tienen que contar con el beneplácito del Congreso de la República, porque todo implicaría cambios de ley y un presidente no puede cambiar la ley a su antojo”, dijo Navas Talero.