La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que busca que la virtualidad en la justicia no sea transitoria. Sin embargo, para la jurisdicción penal habrá unas excepciones. El Ministro de Justicia celebró la decisión, mientras que otros estamentos judiciales no quedaron muy satisfechos con la noticia.

De esta manera se haría permanente el Decreto 806 del 2020 que expidió el presidente Duque en el marco de la emergencia por la pandemia, con el cual las audiencias se pueden hacer de forma virtual.

Sobre este asunto, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, dijo que los mismos jueces, magistrados y abogados que han aplicado el Decreto 806, en estos dos últimos años, han evidenciado que en la mayoría de los casos se flexibiliza la atención judicial.

No obstante, puntualizó que uno de los mayores retos que genera la aplicación del Decreto es la precariedad de las herramientas tecnológicas en algunos lugares apartados, en donde no se cuenta con elementos de internet y de computadoras para las actuaciones judiciales, siendo una brecha importante que se debe superar.

Según el Consejo Superior de la Judicatura, con el Decreto 806 de 2020 se ha producido un crecimiento exponencial del desarrollo de las audiencias. En el año 2019 se hicieron 22.900 audiencias aproximadamente y al finalizar el 2020 se hicieron 230 mil.

Pese a ese éxito, Remolina dijo que el 38% de los jueces y magistrados y el 40% de litigantes que fueron encuestados encontraron mayores dificultades para valorar y controvertir las pruebas cuando se realizan por medios virtuales.

El 33% de los funcionarios judiciales identifican que por esta vía hay malas prácticas a la hora de las pruebas, como partes intervinientes que alegan que no se pueden conectar a las audiencias para evitar su realización, abogados que intentan guiar a los testigos, testigos que en el momento crítico del interrogatorio pierden la conexión, o testigos que recuperan la memoria después de que pierden la conexión y se vuelve a reanudar la audiencia.

Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, destacó ayer los beneficios de esta norma. “Se ha presentado una descongestión judicial, ataca la mora judicial, acaba con las barreras de acceso, optimiza tiempos procesales, menores costos para el usuario, un uso eficiente de los recursos del Estado, mejor aprovechamiento del capital humano, mejor accesibilidad a los servicios de justicia”.

“Esta norma debe acompañarse del fortalecimiento institucional de los servicios digitales y tecnológicos y de una cultura digital. Con esto hemos logrado celebración de audiencias virtuales, radicación en línea, ventanilla virtual para atender peticiones escritas o verbales. La administración de justicia ahorró 5.396 millones en servicios públicos, papelería, tóner, fotocopias, viáticos, mantenimiento de vehículos, entre otros conceptos”, dijo el Ministro.