EL PRESIDENTE francés Emmanuel Macron dio el pistoletazo de salida a un gran debate nacional con el que espera poner fin a la crisis de los "chalecos amarillos" que sacude Francia desde hace dos meses.

El gran debate nacional arrancó con un acto en la pequeña localidad de Grand Bourgtheroulde, en Normandía (noroeste), y se extenderá hasta el 15 de marzo. 

Las propuestas recabadas durante estos dos meses servirán a construir "un nuevo contrato nacional, estructurar la acción del gobierno y del parlamento", explicó el mandatario en una carta abierta a los franceses, en la que prometió anuncios un mes después del cierre de la consulta.

Los franceses podrán comunicar sus preocupaciones y sugerencias en reuniones organizadas voluntariamente por alcaldes, asociaciones o ciudadanos en todo el país. 

También podrán mandar sus contribuciones por internet en una página creada especialmente para esta consulta (www.granddebat.fr) o por correo postal. La lista de debates organizados en cada región figurará en ese mismo portal.

Cientos de alcaldes de pueblos y ciudades de toda Francia ya han establecido registros en los ayuntamientos para que los ciudadanos puedan listar sus reivindicaciones.

En la última fase del debate, a partir del 1 de marzo, el gobierno organizará "conferencias ciudadanas regionales" en las que participarán un centenar de personas elegidas por sorteo. Estos tendrán la misión de listar las principales conclusiones y establecer propuestas concretas que serán estudiadas por Macron.

Emmanuel Macron propuso en su misiva divulgada el domingo cuatro grandes temas que estructurarán esta gran consulta: impuestos, organización del Estado, transición ecológica y democracia.

"Este debate debe responder a cuestiones esenciales que han emergido en las últimas semanas", dijo el mandatario centrista, en referencia a las protestas de los "chalecos amarillos", un movimiento popular con reivindicaciones variopintas que nació en las redes sociales sin tutela sindical o política.

La rebaja del límite de velocidad en las carreteras secundarias de 90 a 80 km/h, una de las medidas que prendió la cólera de estos franceses de clases populares, estará también sobre la mesa.

Aunque el mandatario dijo que no habrá "temas tabúes", dejó claro que no cederá en reformas económicas clave que adoptó tras llegar al poder en 2017 para reactivar la economía francesa, como la supresión de un impuesto sobre la fortuna para alentar la inversión, cuyo restablecimiento es exigido por los manifestantes.

También se excluye temas como el aborto, la pena de muerte y el matrimonio gay, considerados por el gobierno como "conquistas sociales".

El presidente nombró a dos altos miembros de su gobierno para coordinar la organización de la consulta: la Secretaria de Estado del ministerio de Transición Ecológica, Emmanuelle Wargon, y el ministro encargado de las Colectividades Territoriales, Sébastien Lecornu. La primera se encargará de la sociedad civil y el segundo de los cargos públicos. 

Wargon y Lecornu fueron nombrados de urgencia después de que la antigua presidenta de la Comisión Nacional del Debate Público, Chantal Jouanno, tirara la toalla la semana pasada tras recibir críticas por su salario mensual de casi 15.000 euros (17.000 dólares). 

Además, se designará cinco auditores independientes para garantizar la independencia de los debates. Dos serán nombrados por el gobierno y los otros tres respectivamente por los presidentes de la Asamblea Nacional, del Senado y del Consejo Económico, Social y Medioambiental.

Los alcaldes tendrán también un papel esencial, como intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno.

"Debemos pedir constantemente a la gente su opinión. No creo que sea tiempo perdido, ni tiempo para detener las reformas porque la gente quiere cambios", dijo Macron al abrir el debate en un acto junto a 600 alcaldes y representantes locales.

Un 40% de los franceses tiene intenciones de participar en el debate, según un sondeo Elabe divulgado. Sin embargo, apenas un tercio estima que resolverá la crisis de los "chalecos amarillos".