¡640 proyectos en el Congreso!

  • Condicionar mesas técnicas entre partidos y Gobierno
  • Urge avanzar en priorización y cualificación legislativas

 

La cuenta regresiva para el reinicio de las sesiones ordinarias del Congreso, a mediados de marzo, ya comenzó. Serán apenas tres de meses de trabajo en las comisiones y plenarias en este segundo tramo de la primera legislatura del gobierno del presidente Iván Duque. Dado que se trata de un corto lapso es necesario priorizar la agenda legislativa, más aún porque este es un año electoral y es muy probable que la concentración en la misma de los senadores y Representantes a la Cámara comience a disminuir a medida que tome más ritmo la campaña proselitista de cara a los comicios de octubre para escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

Si algo quedó claro tras las reuniones de comienzos de este mes en la Casa de Nariño entre el Jefe de Estado y las bancadas de la mayoría de los partidos es que existe un cortocircuito entre las prioridades legislativas del Gobierno y las de las colectividades, sin importar que estas sean oficialistas, independientes o de oposición. Es más, la queja general de los voceros partidistas fue que el Ejecutivo no prestaba mayor atención ni mucho menos apoyo a las iniciativas de origen parlamentario.

A partir de esa circunstancia política se acordó en la sede presidencial que la Ministra del Interior empezaría a liderar una serie de mesas técnicas con cada uno de los partidos que asistió a la Casa de Nariño con el fin de analizar las iniciativas legislativas de estos, evaluar su alcance y pertinencia así como establecer un plan de acción para que las más viables puedan ser fortalecidas y avancen en comisiones y plenarias con el aval del Ejecutivo y el correspondiente acompañamiento de los integrantes del gabinete.

No se trata de una labor fácil. Hay más de 640 proyectos en el Congreso y se requiere una evaluación puntual de cada uno de ellos. Una evaluación que para que resulte productiva debe cumplir con dos condiciones prioritarias.

En primer lugar, que cada uno de esos proyectos se enmarque o tenga vasos comunicantes con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta programática de este cuatrienio presidencial y cuyo proyecto de ley empieza a ser discutido en firme a partir de mañana en las respectivas comisiones. Es de simple lógica que el Gobierno solo puede apoyar aquellas iniciativas de origen parlamentario que tengan concordancia con el Plan. En los proyectos en donde no se logre ese consenso, solo habrá dos alternativas: que el respectivo partido o congresista los reforme o retire, o que los someta al trámite parlamentario y que sea la voluntad la Legislativo la que termine definiendo su futuro.

En segundo lugar, es evidente que más de 640 proyectos de ley y acto legislativo en curso o radicados representan una sobrecarga de trabajo parlamentario que, además, comprueba que en Colombia no hemos podido superar el flagelo de la “inflación legislativa” y seguimos pensando que a cada problema o contingencia hay que ‘dispararle’ de inmediato un proyecto de reforma legal o constitucional. Es más, resulta paradójico que está en trámite en este mismo Congreso una iniciativa de depuración normativa que busca sacar del ordenamiento legal y reglamentario más de 10 mil leyes y decretos desuetos o cuyo objeto jurídico ya se extinguió.

En ese orden de ideas, si los partidos quieren que el Gobierno les ponga más atención a sus propuestas legislativas lo primero que deben hacer es aplicar un principio de autocrítica y revisar de forma seria, objetiva y con capacidad decisoria los proyectos de ley y de reforma constitucional que presentaron sus senadores y Representantes. Y luego de ello, definir cuáles tienen la suficiente importancia, urgencia y pertinencia para seguir adelante. No es un secreto que muchas de estas iniciativas son de muy bajo alcance, otras claramente utópicas o abiertamente inconstitucionales, al tiempo que sobran aquellas que no tienen viabilidad fiscal alguna o, incluso, van contra los propios postulados de la colectividad a la que pertenecen.

Si se quiere que las mesas técnicas pactadas entre el Gobierno y cada una de las colectividades den resultados efectivos en materia de priorización y cualificación legislativas urge, en consecuencia, cumplir las dos premisas ya descritas. De lo contrario, todo será un ejercicio inútil, desgastante y estéril. Simple lógica.