Colombia tendrá que replantear su política contra las drogas para cumplir los objetivos que se fijaron a nivel global en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas (Ungass) de 2009, cuando se decidió impulsar ‘Un mundo libre de drogas’, y los que se fijaron en 2016 que apuestan a un ‘Diálogo de la política de drogas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el respeto de los derechos humanos’.
Así está contenido en el informe ‘La experiencia colombiana en materia de política de drogas en la última década’ que presentará el colectivo Acciones por el Cambio, del que forman parte 11 organizaciones nacionales entre ellas Dejusticia, Sisma Mujer, y la Fundación Fescol, entre otras.
El Colectivo presentará este informe en el 62º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que sesionará del 18 al 22 de marzo de 2019 en Viena (Austria), donde se definirá la política global en la materia para la próxima década.
El documento analiza la evolución de la lucha antinarcóticos en el país, y concluye “no podemos seguir haciendo lo mismo”, en referencia a los pocos avances que se han obtenido con la actual política antidroga: es muy costosa, poco efectiva y va en detrimento de los derechos humanos.
El documento indica que de las 80.571 hectáreas de cultivos ilegales erradicadas en 2018, 29.199 fueron resembradas (35%).
También hace una comparación entre hectáreas asperjadas vs. Gastos. vs. Daños generados. Al respecto indica que entre 1994 y 2015 se han asperjado por vía aérea 1,9 millones de hectáreas, y que a noviembre de 2012 se habían invertido 104.000 millones de dólares en glifosato y 458.000 millones de dólares en operativos antinarcóticos.
A lo anterior se agrega, según el documento que cita cifras del Observatorio de Drogas de Colombia, el balance de daños de esta estrategia. Así, en los primeros 11 años de ese período (hasta 2005) murieron 62 erradicadores civiles y 442 más resultaron heridos, las demandas por las afectaciones a la salud debido a las aspersiones aéreas suman $1,7 billones, especialmente por el aumento en la tasa de abortos espontáneos y daños dermatológicos y problemas respiratorios.
El informe también da cuenta de que en los últimos dos años (2017 y 2018) fueron asesinados 64 líderes relacionados con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, de ellos 47 pertenecías a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.
Le puede interesar: Código de Policía, blanco de la ‘demanditis’.
Costos y prioridades
Según el Colectivo Acciones por el Cambio, excluyendo el gasto del sector defensa y seguridad, el Gobierno colombiano invirtió en la lucha contra las drogas $1,1 billones en 2013 y la misma cifra en 2014, mientras que en 2015 fue de $9.780 millones, y agrega que en “en 2015 el gasto contabilizado en la lucha contra las drogas fue 5,3 veces superior al presupuesto del Ministerio de Ambiente”.
Tampoco, dice el documento, la estrategia ha logrado reducir el número de consumidores, pues citando cifras de Planeación Nacional de 2015, se advierte que para ese año había más de 1,4 millones de usuarios de cocaína, marihuana, bazuco y éxtasis a nivel nacional, “y sin embargo, la oferta de servicios en salud para la atención de estas personas es prácticamente inexistente en 95% de los municipios del país”.
Igualmente, se señala que a 31 de julio de 2018 había 24.954 personas detenidas por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, de ellas 55% condenadas.
El colectivo señala que el propósito de este documento es “contribuir a los debates en el escenario internacional”, para la definición de la nueva política global antidrogas en la próxima década.