Plan de choque en Parques Nacionales

  • Aterrizar énfasis de política de defensa y seguridad
  • Potencial ambiental amenazado por la criminalidad

 

 

La situación de orden público en Colombia ha venido deteriorándose desde hace un tiempo. La firma del acuerdo de paz con las Farc, que se suponía iba a traer como primera consecuencia una disminución sustancial de la violencia, sobre todo a nivel rural, no cumplió ese cometido. Por el contrario, como lo hemos advertido en estas páginas, la demora del Estado en copar militar e institucionalmente  las zonas en que el grueso de esa guerrilla delinquió por décadas llevó a que otros factores armados como el Eln, las disidencias de las Farc, las bandas criminales emergentes tipo ‘Clan del Golfo’, las mafias de minería ilegal y deforestación así como los carteles narcotraficantes locales y mexicanos entraran en un peligroso escalamiento de enfrentamientos o alianzas por hacerse con el dominio de las zonas de mayor densidad de narcocultivos, que en los últimos cinco años se quintuplicaron así como la producción y exportación de alcaloides. De esta manera el prometido arranque del posconflicto no se concretó en las dimensiones esperadas y, por el contrario, lo que el país ha venido experimentando es un reciclaje de actores y tipos de violencia de viejo y nuevo cuño, con coletazos tan graves como la escalada de asesinatos de líderes sociales y un boom del microtráfico.

Visto ese escenario, existía una gran expectativa por conocer cuál sería la estrategia de fondo del gobierno Duque para enfrentar esta situación. El miércoles pasado, precisamente el día en que cumplía seis meses en el poder, el Ejecutivo lanzó la “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”. Se trata de la hoja de ruta integral para responder a cada una de las amenazas y desafíos en materia de orden público y seguridad ciudadana, tanto a nivel interno como externo, desde un enfoque multidimensional y dirigida primordialmente a fortalecer la legitimidad estatal.

Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva política, que si bien tiene énfasis específicos no difiere mucho de los ejes transversales de las estrategias de anteriores gobiernos, es que por primera vez se califican como de interés nacional principal y prevalente el agua, la biodiversidad y el medio ambiente. De acuerdo con la Casa de Nariño, lo anterior significa que se convierte en un asunto de seguridad nacional su protección y preservación frente a intereses foráneos y a la acción depredadora del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación. Para un país que es una potencia mundial en biodiversidad pero que, al mismo tiempo, afronta múltiples amenazas delincuenciales a sus recursos naturales, elevar de estatus la preservación ambiental es un avance trascendental y en la dirección correcta, sobre todo en un siglo en el que las reservas y riquezas estratégicas de toda nación están sustentadas en elementos como el potencial hídrico, la seguridad alimentaria y la capacidad para neutralizar los efectos del cambio climático sobre sus habitantes y territorio.

Dado que el Gobierno se decidió a dar un paso tan importante en materia de énfasis verde en defensa y seguridad, también debería fijarse metas puntuales que, a manera de polos prioritarios de desarrollo de esa política, sirvan de termómetro diario para medir su efectividad. Por ejemplo, una de las tareas primordiales podría ser el lanzamiento de un plan de choque inmediato y contundente para salvaguardar los Parques Nacionales Naturales de Colombia que hoy están amenazados por el narcotráfico, la minería criminal, la tala ilegal de árboles, la caza furtiva, la contaminación y afectación de ríos y quebradas, así como la extensión desordenada de la frontera agrícola que arrasa con miles de hectáreas de bosque tropical, acudiendo en unos casos a la deforestación desaforada y en otros a incendios provocados.

Si bien es cierto que anteriores gobiernos pusieron en práctica sendos planes para blindar los Parques Naturales y las Áreas Protegidas ambientales, no se puede negar que dichas estrategias han tenido un resultado insuficiente. Los Parques Nacionales, lamentablemente, continúan expuestos al accionar de distintos grupos criminales y su riqueza amenazada de forma grave. Se requiere, por tanto, audacia para revertir esta situación y qué mejor oportunidad para lanzar un plan de choque que ahora, cuando el componente ambiental en Colombia fue elevado a un asunto prioritario de defensa y seguridad nacional.

A riesgos grandes, grandes soluciones. Es imperativo defender los 59 Parques Nacionales que existen en Colombia y que abarcan más de 14,2 millones de hectáreas en todo el país, tanto en áreas terrestres como marinas. El enfoque verde de la “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad” no puede quedarse en el papel. Todo lo contrario: llegó la hora de combatir con toda la fuerza legítima del Estado, sin tregua ni excepciones, a quienes quieren acabar con la principal riqueza del país: su potencial ambiental.