El 15 de noviembre de 1989, fue asesinado el árbitro bolivarense, Álvaro Ortega, porque supuestamente anulo un gol de chilena de Carlos Castro  al considerar que había cometido falta peligrosa dentro del área y evitar el empate del Medellín, que actuaba como visitante en el estadio Pascual Guerrero, ante el América. El marcador finalizó 3-2 a favor de los diablos rojos.

El partido de vuelta,  en la capital antioqueña, terminó  0-0 y esa noche cegaron la vida de Ortega en presencia del también juez Jesús Díaz, quien decidió retirarse del arbitraje profesional al ver la suerte de su compañero. Este hecho empañó el título del Atlético Nacional en la Copa Libertadores y la clasificación de Colombia al mundial de 1990 en Italia.

Esta introducción, para decir que el asesinato del joven el fin de semana en las calles de Cali, debió suspender el juego clásico en el estadio de Palmaseca, porque una vida vale más que un juego de fútbol.  El presidente de la Dimayor,  Jorge Enrique Vélez, dijo que este hecho no tiene nada que ver con el fútbol y es un tema de “seguridad Urbana”.  Acto seguido sostuvo que “ni siquiera fue cerca del al estadio, el hecho ocurrió en las calles de Cali”. Que absurdo, dos días después tuvo que retractarse y manifestar todo lo contrario y casi aceptar que estos hechos enlutan el deporte colombiano, no en vano han muerto en el último tiempo 24 jóvenes hinchas de uno u otro equipo y aún, el estado a través del nuevo Ministerio que, al frente esta Ernesto Lucerna, no han hecho nada.

La pregunta es, ¿Qué tenemos que hacer para que esta situación no se siga presentando y más vidas sigan pagando la inconciencia de unos “delincuentes” disfrazados de hinchas verdes, rojos, azules, blancos, rallados, violetas que mantengan esa forma violenta de desfogar sus emociones en contra de quienes pacíficamente van al fútbol?

La respuesta es: Suspender la fecha o el torneo en caso de ser necesario, que el equipo local pierda los puntos, hacer que los clubes respondan ante los familiares de las víctimas con unas pólizas de seguros y de por vida cancelar la entrada de esos vándalos a los estadios, acabar con las barras bravas que en mal momento fueron traídas de una mala copia de los argentinos e ingleses por allá en 1987, cuando llegaron los dineros calientes al futbol colombiano.

Cada vez que muera un aficionado al fútbol, los alcaldes locales deben tomar cartas en el asunto y no prestar los estadios, solicitar a los equipos la implementación de seguridad dentro y fuera de los escenarios deportivos, ese salvajismo no se puede seguir patrocinando y de paso devolver al Presidente de la Dimayor a la Política de donde nunca debió salir para venirse al futbol profesional, porque como buen político en caliente dice cualquier cosa y después se arrepiente sin ponerse colorado.