Uno de los argumentos explicativos que más se emplea en Colombia para responder a la cruda y persistente realidad de violencia, criminalidad y pobreza en muchas regiones del país es el de la falta o insuficiente presencia del Estado. Y así, desde mediados del siglo XX se han estructurado y puesto en marcha distintos programas que en general combinan presencia de fuerza pública, atención intermitente de entidades gubernamentales, inversiones en infraestructura y apoyo a proyectos productivos. Ejemplos como el DRI en 1976, el PNR en 1983, o el Plante en 1995, dan cuenta de ello.
Una corriente de estudios plantea que la particularidad de Colombia es que la autoridad del Estado es incompleta sobre su territorio (Acemoglu-Robinson/2012). Y esa débil presencia explica, en muchos casos, el predominio de poderes ilegales en torno a los cuales se estructuran “acuerdos” en el territorio que controlan relaciones políticas, económica y de propiedad.
Así, para algunos, dicha presencia se concreta en el ejercicio de soberanía basado en la presencia de las fuerzas armadas y el discurso válido de que no puede haber territorios vedados. Pero, ello no ha sido suficiente para que el Estado manifieste el pacto de convivencia socio-política y económica que representa. Entonces, el otro elemento determinante es la Ley, cuya vigencia y aplicación daría seguridad jurídica y garantía a los derechos. Esta presencia requiere de instituciones efectivas. Es decir, la presencia surge de la intensificación de las relaciones legítimas desde el territorio.
Pero a pesar de esfuerzos y avances el déficit se mantiene. Incluso con la última gran apuesta, como ha sido el Acuerdo de Paz, la anunciada presencia del Estado aún no llega a muchas de estas regiones, después de la salida de las Farc. Entonces ¿Por qué si el diagnóstico parece claro, la respuesta ha resultado difícil?
Herbert Braun en La nación sentida (2018) reflexiona a partir del telegrama que en enero de 1949 el señor Adán Naranjo, un campesino en las afueras de Pereira, envió al presidente Mariano Ospina Pérez pidiéndole “que se responsabilice de que su vaca robada le sea devuelta.” Para Braun “El campesino siente, evidentemente, que está en su derecho de escribirle al presidente y que el primer mandatario tiene obligaciones para con él, que entre él y el presidente existen ciertos lazos, que los dos forman parte de una amplia y abstracta comunidad.” De esta manera, el historiador resalta el sentimiento del campesino como ciudadano con derecho a recibir la protección del Estado. Y por eso la pide, a partir de considerarse miembro de esa comunidad, independiente de su lugar y condición. Según esto, el Estado está presente es en esa relación y en su práctica.
En este sentido, vale recordar que uno de los ejes fundamentales que introdujo la Constitución de 1991 es justamente la de poner al ciudadano en el centro de la relación, dándole personería para la gestión de sus intereses. Por ello, la incorporación de los derechos fundamentales, la democracia participativa y el municipio como entidad fundamental, entre otras cosas. Su vigencia es la presencia del Estado.
@Fer_GuzmanR