- Urge una decisión nacional, técnica y focalizada
- Emergencia sanitaria exige medidas progresivas
La emergencia sanitaria que afronta el país por cuenta de la epidemia del Covid-19, que ayer estaba alrededor de los 250 casos de contagio confirmados, exige de las autoridades una rápida toma de decisiones para ayudar a que el plan de contingencia que se está implementando, especialmente el relacionado con la cuarentena general de toda la población, pueda llevarse a cabo de la forma más eficiente y segura posibles.
Uno de los aspectos más importantes para conseguir la meta del mayor aislamiento social entre los más de 48 millones de colombianos, es evitar que tengan que salir de sus casas. En el logro de este objetivo es clave, por ejemplo, que las familias y hogares puedan aplazar el pago de muchas de sus obligaciones financieras, concentrando sus recursos económicos en los aspectos más prioritarios y básicos, como lo son la compra de alimentos y otros víveres de primera necesidad para poder afrontar de manera tranquila el período de cuarentena que, según lo determinó el Gobierno nacional el sábado, irá inicialmente hasta el 13 de abril, pero es previsible que sea ampliado, según vaya evolucionando la fase de contención del brote epidemiológico en nuestro país.
De hecho tanto desde el Gobierno, el Banco de la República y el sector público financiero, así como desde la banca privada, se han activado en la última semana una serie de medidas para garantizar la liquidez y otras flexibilidades para el pago de deudas de las empresas y los hogares. Sin embargo hay otros frentes que deben ser cubiertos de forma inmediata, por ejemplo el relativo a los servicios públicos domiciliarios. En ese aspecto ya hubo un primer avance: al amparo del Estado de Emergencia se ordenó la reconexión inmediata del agua potable a miles de hogares que la tenían suspendida. Ya el sábado a 51 mil familias se les había reanudado la prestación de este servicio.
Sin embargo se requieren medidas más progresivas en este campo. La Alcaldía de Bogotá planteó ya la posibilidad de que las tarifas de los servicios públicos domiciliarios no le sean cobradas a los capitalinos entre el 20 de marzo e igual fecha del mes de abril. La propuesta se encuentra en estudio tanto a nivel distrital como en coordinación con la Casa de Nariño, ya que por su alto costo en materia económica se requiere del concurso fiscal y regulatorio del Gobierno nacional para poder autorizar este alivio. Es obvio que una parte importante de los colombianos depende de sus ingresos diarios, quincenales o mensuales para cancelar las tarifas del agua, luz eléctrica, gas, internet y televisión por suscripción, entre otros servicios. Pero en medio de esta emergencia, con la totalidad de la población en cuarentena, es muy posible que muchos hogares tengan dificultades para poder cancelarlos a tiempo, exponiéndose al riesgo de un corte por falta de pago. Aquí hay que hacer la claridad: algunas empresas del sector ya han anunciado que dada la emergencia por la que atraviesa el país se estarían aplicando esquemas flexibles para que sus suscriptores y usuarios puedan estar tranquilos en medio del periodo de confinamiento obligatorio.
Sin embargo se requiere de una medida de orden nacional y de carácter formal en esta materia. Como lo ha dicho claramente la Presidencia de la República: la emergencia sanitaria es el mayor desafío en las últimas décadas para el país, no solo por la urgencia prioritaria de evitar que se disparen las tasas de contagio y muertes por el coronavirus, sino por el fuerte impacto que la epidemia está teniendo sobre la economía en general, es decir desde el bolsillo de cada persona y su familia, hasta la viabilidad de las pequeñas, medianas y grandes empresas y actividades de todos los sectores productivos. De hecho, ya en el marco del Estado de Emergencia el plan de choque de reactivación asciende casi a quince billones de pesos.
Obviamente esta destinación extraordinaria de recursos del presupuesto público tendrá un alto costo fiscal, pero ya habrá tiempo para analizar su impacto y cómo sufragarlo. Igual podría procederse en lo que hace a algún tipo de alivio en el pago de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, ya sea estableciendo un periodo de gracia, refinanciando el pago actual en varias cuotas mensuales sin sanción, aumentando la escala de subsidios focalizados u otro tipo de medidas, sobre todo para los sectores socioeconómicos más vulnerables, claro está.
Lo importante es que la propuesta se analice de forma técnica y se dé algún tipo de respuesta viable. Como se dijo: se requiere de agilidad y progresividad en la toma de decisiones para que los colombianos puedan salir adelante, lo mejor posible, en estos momentos de gran dificultad.