- Gobierno debe coordinar a gobernadores y alcaldes
- No convienen las decisiones unilaterales en regiones
La prioridad del plan de contingencia que está activando Colombia para hacer frente a la epidemia del Covid-19 debe ser la coherencia de las medidas de índole nacional, departamental y municipal. Y en ese orden de ideas, la línea de acción debe ser marcada por la Presidencia de la República y aplicada de forma diligente por los gobernadores y los alcaldes.
Esta premisa es necesario recalcarla frente a lo ocurrido en los últimos dos días en donde se evidenció que algunos mandatarios seccionales y locales tomaron distintas medidas para afrontar la expansión del brote epidémico. Por ejemplo, en varios departamentos y municipios se decretaron acciones unilaterales que iban desde la ley seca, el toque de queda, restricciones de otra índole a la movilidad poblacional así como al funcionamiento de los comercios y otros sectores de generación de bienes, productos y servicios.
Obviamente es entendible la urgencia de los gobernadores y alcaldes por aplicar estrategias que eviten que en sus respectivas jurisdicciones la curva de contagios del también llamado coronavirus se dispare de forma alarmante. Sin embargo, no resulta conveniente que medidas de alto contenido restrictivo para la cotidianidad de la ciudadanía se tomen de forma unilateral en las regiones, ya que su efectividad termina siendo relativa. Por ejemplo, no tiene mayor lógica que mientras en algunos departamentos opera el toque de queda y otras medidas que limitan la movilidad de las personas, en los vecinos no se está aplicando esa misma estrategia. De esta forma, el objetivo primario de limitar una posible cadena de contagio se difumina infructuosamente.
En segundo término, como bien lo explicara ayer el Presidente de la República y varios de sus ministros, la característica de transmisión del virus obliga a que las iniciativas de las autoridades para hacerle frente en esta etapa de contención tengan que ser de alto espectro pero, sobre todo, progresivas, según se vayan presentado los casos confirmados, su modo de contagio y la curva epidemiológica. Es por eso mismo que debe haber una coherencia funcional en la adopción de este tipo de medidas, empezando desde lo nacional y su correspondiente implementación regional y local. Lo peor que le podría pasar al país en estos momentos es que se repita el cortocircuito que años atrás se daba entre las zonas que prohibían la venta de pólvora pirotécnica y aquellas vecinas en que dicho comercio no era ilegal. Como es apenas obvio, tratándose de una emergencia sanitaria, cualquier desconexión entre la Casa de Nariño, los gobernadores y los alcaldes es aún más grave.
De esta forma, decisiones tales como toques de queda y otro tipo de medidas drásticas para afrontar el Covid-19 deben ser delineadas obligatoriamente por el Ejecutivo central y coordinadas luego con las regiones, según sea el caso y su procedencia. Hay que ser realistas: de poco sirve que un grupo de municipios entre en toque de queda si su respectiva capital departamental no está aplicando la misma prohibición de tránsito vehicular y de personas en vías y espacios públicos. Por el contrario, dicha disparidad de criterios puede generar que la población que se vea afectada por lo que rige en un territorio y no en otro adyacente termine protestando o acudiendo a otros medios de facto, que es lo que menos se necesita en medio de la delicada situación por la que atraviesa nuestro país. De hecho, ayer en algunas regiones se reportaban múltiples quejas de pobladores de determinados municipios que, ante las restricciones, se trasladaron afanosamente a otros en busca de alimentos, víveres y otros productos, generando tensiones que es urgente evitar en medio de un ambiente de temor e incertidumbre que crece cada día más entre la ciudadanía.
Si bien los gobernadores y alcaldes tienen autonomía para tomar decisiones en materia de restricción de movilidad y de control de orden público y convivencia ciudadana, el manejo de la emergencia sanitaria, de la cual estamos apenas en la primera etapa, requiere que el Gobierno Nacional sea el que dicte los lineamientos generales de los planes de contingencia y cómo estos deben ser aplicados en los departamentos y municipios, de acuerdo a la coyuntura y características puntuales de cada zona. Las medidas unilaterales a nivel regional podrían traer consecuencias nada positivas.
Es momento de actuar unidos y al unísono. No solo entre las autoridades de los distintos niveles sino también en coordinación directa con el sector privado y la ciudadanía. Como lo hemos reiterado en estas páginas: la única forma de superar la emergencia es que se actúe con completa responsabilidad institucional, social y, sobre todo, individual. Para que ello sea posible se requiere que cada persona vea y perciba una sola directriz de las autoridades y no distintos criterios aplicándose desordenadamente. Es urgente corregir estos cortocircuitos.