Covid-19 y migrantes | El Nuevo Siglo
Viernes, 3 de Abril de 2020
  • Corresponsabilidad nacional, regional y local
  • Peligrosa maniobra de la dictadura venezolana

Colombia es considerado el país que ha manejado de mejor manera el alud migratorio de venezolanos en los últimos cinco años, al punto que de los cinco millones de nacionales de la vecina nación que han huido de la crisis política, económica, social y de derechos humanos generada por la dictadura chavista, más de la tercera parte se radicaron en nuestro territorio.

Varias agencias de las Naciones Unidas así como bloques multinacionales y gobiernos de distintas latitudes han reconocido no solo la forma en que las autoridades de nuestro país han dado pasos definitivos para regularizar la situación de los venezolanos y asistirlos integralmente, sino la solidaridad demostrada por las mayorías colombianas para recibir  esta población flotante.

En medio de la emergencia sanitaria por la epidemia del Covid-19, uno de los aspectos a cubrir es el relativo a los migrantes, tanto para proteger su vida como para garantizar que durante la cuarentena  vigente en todo el país puedan acceder a los programas oficiales de asistencia socioeconómica excepcional que se están implementando para las familias más vulnerables.

Está claro que corresponde al gobierno Duque fijar las directrices sobre el tratamiento a los venezolanos en el marco de la crisis sanitaria. No sólo porque casi dos millones de ciudadanos del vecino país se encuentran dispersos en la totalidad de departamentos y municipios sino porque, constitucional y legalmente, el Ejecutivo nacional tiene la potestad facultativa en todos los temas migratorios. Sin embargo, los gobernadores y alcaldes también tienen su cuota de responsabilidad, pues miles y miles de venezolanos viven y trabajan en sus respectivas jurisdicciones y, por lo tanto, es deber de los mandatarios seccionales y locales velar por su integridad y bienestar, ya que este es un derecho y mandato universal que aplica tanto a  nacionales como no nacionales en Colombia.

En ese orden de ideas, debe existir una coordinación eficiente y funcional de la Casa de Nariño, los ministerios y otras entidades del orden nacional con los gobernadores y los alcaldes para implementar los programas de protección y asistencia a los migrantes venezolanos en el marco del plan de contingencia activado para limitar el número de contagios, enfermos críticos y fatalidades por el coronavirus. No es una tarea de la que alguna de esas esferas se pueda excluir y menos aún descargar en las otras la mayor parte del esfuerzo económico y de gestión institucional. Además, la mayor parte de las ayudas en dinero y en especie que se está entregando a los hogares pobres más afectados por la epidemia y sus graves coletazos proviene del presupuesto nacional pero se canaliza a través de las administraciones departamentales y municipales, como es apenas natural.

Igual ocurre con el tema del alto flujo de venezolanos en las zonas de frontera, que continúa aumentando a medida que la situación en ese país se ha venido complicando aún más en las últimas semanas, ya sea porque Estados Unidos viene incrementando el cerco político, económico, judicial e incluso militar sobre el régimen chavista, o porque la dictadura no tiene los medios ni la infraestructura para poder manejar la grave emergencia sanitaria por el coronavirus. De hecho ya resulta muy extraño el bajo número de contagios confirmados que está reportando Venezuela. Para no pocos expertos y analistas parece claro que hay un alto subregistro del avance de la enfermedad viral, poniendo de presente que el gobierno Maduro está dándole un irresponsable y peligroso manejo político al tema de la pandemia, sabedor de que el creciente temor y desespero de la población podría llevar a una definitiva sublevación popular que, por fin, termine sacándolo del poder.

Es imperativo para Colombia que se establezca qué está pasando en Venezuela con la expansión del coronavirus y cuáles son las cifras reales de contagios y decesos. De otra manera es imposible implementar un plan sanitario eficiente en la región fronteriza que frene la expansión del virus por cuenta del imparable flujo de migrantes a través de centenares de trochas ilegales en 2.100 kilómetros de línea limítrofe. Es urgente que a través de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud se acelere esa coordinación sanitaria, sin enredarse en temas políticos ni diplomáticos. No hacerlo representaría un alto costo para ambos países, sobre todo en vidas pérdidas.

Así las cosas, queda claro que el tema de los migrantes venezolanos en Colombia es un asunto que compete a todas las autoridades de nuestro país en sus distintos niveles. Así mismo debe exigírsele al régimen dictatorial que no haga un uso político de la pandemia. Las instancias mundiales deben intervenir de inmediato para frenar tan irresponsable estrategia de Maduro.