¿Acuerdo político o burocrático? | El Nuevo Siglo
Lunes, 20 de Mayo de 2019
  • Nueva oportunidad para las ideas
  • No entregar bandera de la renovación

 

La crisis institucional que atraviesa el país pudo haberse intentado conjurar antes si se hubiera dado curso al acuerdo político planteado en su momento para sacar avante las seis objeciones por inconveniencia al proyecto de ley estatutaria de la JEP, presentadas hace unos meses por el Presidente de la República al Congreso. Era lo razonable y lo que a no dudarlo consultaba los intereses nacionales. Aparte, además, de superarse de tal modo la lesión enorme inferida a la democracia, luego del resultado adverso del plebiscito sobre el Pacto de La Habana y su posterior desconocimiento prevaricador.

Pero, al contrario, y frente a las objeciones, el Parlamento optó por la algarabía. Se confundió la alta política con el bochinche. Y las denegaron sistemáticamente en virtud de regodearse los parlamentarios opositores, “independientes” y hasta los seudo-oficialistas en un supuesto triunfo antigubernamental, una victoria pírrica, inútil, incluso hasta llegar finalmente a la intonsa y contradictoria decisión de que sea la Corte Constitucional la que defina sobre ellas. Mejor dicho, es la demostración de la nulidad en que ya, desde hace tiempo, se ha convertido el Congreso como factor regulador de las instituciones. Además, bajo la mampara estridente de que dizque por esa vía de las objeciones lo que se quería era acabar con la paz. Mentira. Total, eso que en el trasfondo venía dado por el convulsivo caso ‘Santrich’, hoy recobra la calma, bajo la actuación decidida del Fiscal encargado que abrió un nuevo proceso por reincidencia, con recaptura a bordo, como al mismo tiempo hoy vendrá la apelación del procurador Fernando Carrillo contra los incomprensibles engorros de la Sección de Revisión de la JEP frente a la cooperación internacional en materia judicial.     

De otra parte, se sabe que en el Parlamento casi nunca se decide nada. Y si allí lo hacen, generalmente es a unos costos dramáticos. Muy fácil habría sido para el Gobierno, en cuanto a las objeciones, entregar unos “puesticos” a ciertas bancadas, incluidos algunos ministerios, ganarse así la “voluntad” parlamentaria y salirse con la suya a partir del tradicional expediente clientelista que tanto corrompe al país y que es el germen que ha derruido la confianza ciudadana en la política, en la justicia, en la contratación pública, en el sistema de planeación, en las propias y nóveles entidades de la paz, hasta llegar al grado de desinstitucionalización que se trasluce en cuanta actividad estatal y que también rebrota en la órbita privada, como es evidente de tantos escándalos todavía vigentes.

Es más, esa posibilidad de un acuerdo político con el único propósito de reinstitucionalizar la nación, sin los vetustos peajes clientelares, pudo concretarse con mayor antelación a las objeciones si, a la misma posesión del Primer Mandatario, los encargados de la política hubieran accedido a la petición presidencial de hacer un Pacto por Colombia. Pero en vez de tomar la propuesta en toda su magnitud preponderó la idea de que era una oportunidad de oro para forzar la apertura de la ventana burocrática. Ahora en la tercera ocasión, que hoy está a la orden del día, desde luego insistimos en el acuerdo político, ya que esa ha sido nuestra línea desde hace mucho tiempo. Pero no se trata, como ya insinúan ciertos sectores, de precipitar una crisis ministerial para supuestamente adquirir el Ejecutivo mayor representación política y darle un presunto “oxígeno” a la gobernabilidad del presidente Duque. Es decir, en síntesis, con los puestos volvemos a topar.

Esa magra concepción de la política es un error, posiblemente derivada de una enquistada senilidad frente-nacionalista. Pero hoy las realidades pertenecen a otro momento y son de otra índole ¿Acaso el Congreso es tan secundario, casi como una Asamblea Departamental periférica del país, que no es posible conseguir solidaridades ideológicas sin prebendas previas? ¿Por qué para sentarse a hablar de la estructura del Estado, de la limpieza de la política, de una paz verdaderamente nacional, de la recuperación del orden, de la reinstitucionalización, del apogeo de los cultivos ilícitos, de la sutura de la violencia, hay que pagar primero peaje? ¿De dónde aquí la tesis de que el natural disenso democrático inicial, para llegar a consensos posteriores, tiene que resolverse de antemano con cuotas? ¿Por qué esa incredulidad en que la política puede cambiar?

No es cierto, por lo demás, que en otras democracias eso sea de uso común. En el Reino Unido, aun con todas las dificultades del Brexit, el gobierno se ha mantenido en su línea sin ningún transaccionismo burocrático hasta satisfacer la voz del pueblo. Tampoco lo han hecho los republicanos en Estados Unidos y la economía está boyante. Ni siquiera después de las recientes elecciones españolas, los socialistas, sin tener un gobierno mayoritario, han llamado a sus presuntos aliados naturales a conformar gabinete, sin que ello demerite el diálogo y la conducta a seguir frente al secesionismo. Un acuerdo político, entregando el presidente Duque su bandera de renovación, conllevaría un remedio peor que la enfermedad.