La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) sacó ayer un comunicado en rechazo a la decisión judicial que suspendió el proyecto de Transmilenio por la Carrera Séptima sosteniendo que decisiones como esa “afectan el interés general de la ciudadanía y crea inseguridad jurídica a los inversionistas”.

En el texto, el gremio asegura que aunque todos sus integrantes respetan los fallos judiciales “consideran que la afectación a proyectos de infraestructura en beneficio del interés general, previstos en los planes de desarrollo territorial propuestos por mandatarios democráticamente elegidos, es una delicada circunstancia que pone en peligro, no solamente la división de poderes, sino también el progreso de las ciudades”.

“La Cámara de Comercio de Bogotá, como aliada de la ciudad y de los empresarios, hace un llamado sobre la necesidad de dar continuidad a los proyectos de infraestructura vial, de transporte y de servicios que adelanta el Distrito Capital, por cuanto permitirán no sólo mejorar las condiciones para sus habitantes sino también aportar a la competitividad y productividad de Bogotá”, reza el comunicado.

Asimismo se lee que “los proyectos de infraestructura vial, de transporte y de servicios, que hacen parte del Plan de Desarrollo, aprobado en el Concejo de Bogotá y actualmente en ejecución, son fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la ciudad. La Cámara de Comercio de Bogotá considera fundamental atender el ciclo de los proyectos y reducir la incertidumbre en su realización, con decisiones prontas por parte de las autoridades judiciales”.

Más adelante, la CCI invita a la Administración distrital a “suministrar toda la información a los entes judiciales, organismos de control y a la ciudadanía, en torno a los estudios técnicos que soportan la realización de los proyectos. La confianza en las instituciones y la garantía de transparencia en los proyectos de ciudad permite afianzar un entorno competitivo que favorece la inversión”.

“Para la Cámara es fundamental atender el ciclo de los proyectos que implica el desarrollo de diferentes fases que van desde la prefactibilidad, la factibilidad, los estudios y diseños para luego entrar a los procesos contractuales y posteriormente a la ejecución”, señala el texto.

En este sentido la CCI considera que los análisis y revisiones que se están adelantando por cuenta de los procesos ante instancias judiciales deben basarse en criterios jurídicos y técnicos, orientados a garantizar los principios de planeación, transparencia, economía y eficiencia. Las medidas preventivas de suspensión de algunas obras afectan el ciclo de los proyectos y generan retrasos, que ponen en riesgo su continuidad, cuando las autoridades judiciales no han decidido aún de fondo sobre el incumplimiento o violación de disposiciones legales”.

“En virtud de lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá invita respetuosamente a las autoridades judiciales a resolver en derecho y con base en consideraciones técnicas y jurídicas los procesos en curso, dentro de tiempos razonables para reducir la incertidumbre en torno a los proyectos objeto de estudio (…) De la manera como el Distrito dé claridad sobre los antecedentes técnicos de los proyectos y las autoridades judiciales actúen con rigor y celeridad depende el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la posibilidad de afianzar un entorno estable y competitivo para la ciudad”, continúa el texto.

Así pues, cerrando la misiva pública se lee que “la CCI afirma que este es el caso de la medida cautelar decretada por el juez 49 administrativo de Bogotá, que ordena la suspensión del proceso licitatorio para contratar el sistema Transmilenio en la Carrera Séptima (…) La CCI confía en que la segunda instancia, en este caso el Tribunal Administrativo de Bogotá, revisará la decisión y permitirá el curso normal del proceso de contratación para que el interés general prime sobre el particular”.

Es importante destacar que en ya varias oportunidades la CCI se ha pronunciado en favor del proyecto en cuestión, ya que lo considera “vital” para el desarrollo de la ciudad.

Antes en la semana, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, criticó airadamente la decisión judicial: “Aquí no importa que un Alcalde haya sido elegido por los ciudadanos, que un Concejo haya aprobado la obra, no importa que los estudios y diseños se hayan hecho por dos de las firmas más importantes de ingeniería y diseño que hay en Colombia, no importa que se hayan invertido $29.000 millones en estos estudios”.

“Aquí lo que importa es lo que piensa un juez que frena este proyecto crucial para la movilidad de la ciudad y sin ningún sustento técnico ni legal”, apuntó el Burgomaestre capitalino.