Se destituyó e inhabilitó por 12 años a la exfuncionaria de la Personería de Tuluá, Lorna María Rodríguez Martínez, por solicitar dinero a una víctima del conflicto armado, con el fin de tramitar la obtención de un supuesto subsidio de vivienda.

La decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación se debe a que Rodríguez, quien ocupaba el cargo de Técnico Administrativo Código 367 Grado 1, se extralimitó en sus funciones y utilizó su cargo para exigir dinero bajo falsas promesas.

Además, la Procuraduría Provincial de Buga encontró en los antecedentes disciplinarios de la exfuncionaria que ella ya había sido sancionada por la misma razón, exigir dinero a otras personas para supuestamente hacerlos parte de un proyecto que consistía en la adquisición de lotes.

Para el Ministerio Público la conducta de Rodríguez trasgredió el Código Disciplinario Único al quebrantar los principios de moralidad, honradez y transparencia, los cuales deben regir las actuaciones de los servidores públicos.

La falta disciplinaria de la exfuncionaria fue calificada como gravísima a título de dolo.

El apoderado de la disciplinada no presentó recurso de apelación quedando en firme el fallo de primera instancia.