- Trabajo presencial debe retomarse ya
- Sesiones virtuales tienen baja eficacia
Ya empezó a correr la cuenta regresiva para el cierre de esta legislatura parlamentaria, de por sí muy accidentada y poco productiva. Como todo el país lo sabe, las sesiones no arrancaron el 16 de marzo debido a que se atravesaba la primera fase de la emergencia sanitaria por la epidemia del coronavirus. Tras una serie desgastantes polémicas sobre si los senadores y Representantes a la Cámara debían trabajar de forma presencial o a distancia, al final las directivas se decidieron por esta segunda opción desde el 13 de abril pasado. Paradójicamente tanto de Europa como en otros continentes, incluyendo naciones suramericanas, sus respectivos parlamentos siguieron funcionando de manera presencial, aplicando protocolos sanitarios estrictos. Es más, en varios Estados de nuestra región han sido sus congresos los que han aprobado, por iniciativa propia o de sus respectivos gobiernos, gran parte de las medidas de choque para enfrentar la pandemia.
En Colombia, tras varias semanas de este experimento legislativo es innegable que los resultados no son los mejores. Muchas jornadas se han ido en largas e innumerables intervenciones virtuales de los congresistas, a cual más desordenadas y sin norte alguno. Se esperaba que el Congreso se aplicara de forma juiciosa y eficaz a la labor de control político de la primera declaratoria de Estado de Emergencia Económica y los 70 decretos dictados a su amparo para hacer frente a la crisis sanitaria. Sin embargo, los debates en comisiones y plenarias fueron sucediéndose de forma atropellada, sin mayores posturas de fondo y estructuradas de las distintas bancadas. Incluso, en no pocas sesiones fue evidente que pesó más la polarización partidista y la politización de la crisis, que el análisis sopesado y detenido del alcance de los decretos y su nivel de eficiencia frente a la complicada situación en el campo prioritario de la salud así como en la economía, la parálisis empresarial, el difícil panorama laboral y la incertidumbre de millones de familias confinadas en sus casas en espera de alivios, subsidios y ayudas directas o indirectas a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. De hecho, solo hace unos pocos días el Ejecutivo radicó el informe oficial de la declaratoria de ese primer Estado de Emergencia. Es más, no deja de resultar paradójico que mientras el Senado y la Cámara apenas si están designando a los encargados de analizar ese informe de la Casa de Nariño, el martes pasado ya se decretó por el Presidente de la República un segundo Estado de Emergencia.
En el campo legislativo, el rendimiento parlamentario tampoco ha sido el mejor. Apenas si se han votado tres o cuatro iniciativas en las comisiones, pese a que hay varios proyectos a los que el factor tiempo ya los tiene al borde del hundimiento, quedando pocas semanas de legislatura ordinaria.
Es más, todavía se mantiene un fuerte pulso entre lo que los medios han llamado congresistas “presencialistas” y “virtualistas”. Es decir que no solo persiste la discusión sobre cómo llevar a cabo las actividades parlamentarias, sino que han terciado en este desgastante debate desde acciones de tutela en uno y otro sentido, hasta cruces de anuncios de demandas entre los senadores y Representantes que insisten en ir al Capitolio y aquellos que prefieren trabajar desde sus casas. Sería ingenuo negar que todo este rifirrafe no ha hecho más que seguir deteriorando la ya de por sí pobre favorabilidad del Parlamento.
Y como si todo lo anterior fuera poco, la sensación en gran parte de la opinión pública es que hay un Congreso ausente en uno de los momentos más críticos del país, con el agravante de que sus integrantes siguen devengando altos salarios, ya que si bien al comienzo de la emergencia se planteó una rebaja en el sueldo de los parlamentarios, al final ninguna propuesta en ese sentido se concretó. Ello mientras otros altos funcionarios del Estado, la Fuerza Pública, el personal sanitario así como centenares de miles de personas que trabajan en los sectores esenciales del abastecimiento y servicios públicos, siguieron laborando para que la mayoría de los colombianos pudieran sobrellevar de la mejor manera posible la cuarentena.
Esta semana tanto el Gobierno nacional como la Alcaldía de Bogotá tomaron sendas decisiones en pos de reactivar, de forma gradual y con estrictos protocolos de bioseguridad, muchos sectores de bienes, productos y servicios, lo que obviamente implica una mayor flexibilización del estado de cuarentena. Es de esperar que, ahora sí, por fin, el Congreso retome labores presenciales y aplicadas, sobre todo porque se acordó que habrá sesiones extraordinarias a partir del 20 de junio para recuperar el tiempo perdido, tanto en control político de la emergencia y la adopción de normatividad permanente para paliar sus graves efectos, como en cuanto a la otra agenda parlamentaria prioritaria pendiente. No más excusas.