- Una prioridad para segundo semestre
- Desligarla de la reingeniería política
Una de las reformas más importantes planificadas para el primer semestre de este año era, sin duda, la electoral. De hecho, en enero se protocolizó un acuerdo de alto espectro entre el Gobierno, la organización electoral y el Consejo de Estado con el fin de confeccionar un articulado de forma conjunta que permitiera configurar un proyecto para radicarlo en el Congreso tan pronto como arrancara el segundo tramo de la legislatura, a mediados de marzo. Sin embargo, la irrupción de la emergencia sanitaria por la llegada del coronavirus trastocó esos planes, ya que no solo se retrasó el inicio de las sesiones ordinarias, sino que estas comenzaron finalmente el 13 de abril de manera virtual y hasta ahora no han tenido mayor avance, ni en materia de control político efectivo y profundo a la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria como tampoco en lo referente al debate y aprobación de proyectos de ley y acto legislativo.
Como era de esperarse el cronograma de radicación de las grandes reformas legislativas se modificó sustancialmente por la crisis sanitaria y ahora se busca priorizar cuáles proyectos serán llevados al Parlamento en el segundo semestre. En entrevista con este Diario, esta semana, la Ministra del Interior no solo reveló que se había acordado con las directivas de Senado y Cámara que habrá sesiones extras entre el 21 de junio y el 19 de julio, sino que, además, uno de los primeros proyectos que se radicará en la próxima legislatura será, precisamente, el de reforma electoral.
De acuerdo con la titular de la cartera política el articulado está prácticamente listo, teniendo como base la propuesta de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Se sabe también que el Consejo de Estado ha tenido una activa participación en la confección de la iniciativa, al tiempo que se ha discutido con congresistas y partidos para perfilarla lo mejor posible. Si a ello se suma el aval del Ejecutivo se podría decir que estamos frente a un proyecto que tiene altas posibilidades de salir adelante, sin que se corra el riesgo, como en anteriores ocasiones, de que se hunda por falta de voluntad política o, peor aún, de que las bancadas traten de colgarle una cantidad desmesurada de propuestas que desnaturalicen su esencia o la terminen contaminando con ‘micos’ y artículos de dudosa procedencia, ante lo cual la única alternativa termina siendo bloquear su aprobación o esperar que la Corte Constitucional la depure cuando llegue a control de exequibilidad.
Una de las principales novedades de esta reforma es que desde un principio se pactó que se centraría exclusivamente en el aspecto electoral, es decir que tendría como foco principal depurar y corregir el tracto procedimental del sistema, empezando por modernizar, simplificar y blindar el Código Electoral. Como muchas veces se ha reiterado en estas páginas, esa norma es desueta y si bien en los últimos años se han aplicado correctivos, se desembocó en legislación tan incoherente como débil. La mayor evidencia de esta falencia sale a flote en cada campaña proselitista y cita a las urnas, en donde ya son de común ocurrencia los múltiples delitos que van desde la compra de votos, financiación anómala, avales irregulares, doble militancia, inscripción ilícita de cédulas, nulidades de distinto tipo…
En ese orden de ideas, la iniciativa plantea fuertes correctivos ante cada una de esas deficiencias, así como la modernización del sistema a partir de herramientas tecnológicas que permitirán detectar rápidamente los hechos irregulares y proceder a las sanciones correspondientes casi que en tiempo real. Esto es clave si se tiene en cuenta que hoy por hoy muchos de los delitos e infracciones contra la transparencia electoral solo son resueltos cuando ya pasó la cita en las urnas, configurándose así una insólita ventaja al transgresor. En la reforma también se avanzaría en cuanto al voto no presencial, es decir que el ciudadano pueda emitir su sufragio de manera anticipada por mecanismos como el correo electrónico.
Como se dijo, esta será una reforma estrictamente electoral, de forma tal que la reingeniería al sistema político se tramite por aparte, ya sea por iniciativa gubernamental o de los partidos. En otras palabras, asuntos como las circunscripciones del Congreso, la eliminación o no del voto preferente, la estructura misma de la organización electoral, los estatutos partidistas, la reducción del Senado o la Cámara… En fin, los cambios de fondo y estructurales, que no en pocas ocasiones son los que más debates propician, serían parte de otra reforma a estudiarse después.
Por el momento, lo importante es que las bases de esa reforma electoral se empiecen a socializar con todos los sectores políticos, partidistas y la propia opinión pública, de forma tal que cuando arranque la segunda legislatura ya se tenga un trecho avanzado al respecto y los debates se sucedan de forma más rápida y efectiva. Solo así la esperanza de un sistema electoral depurado en Colombia se volverá realidad.