Por una niñez protegida | El Nuevo Siglo
Domingo, 14 de Julio de 2019
  • Bogotá se moviliza contra el trabajo infantil
  • Una responsabilidad de todos, sin excusas

 

Colombia es, sin duda alguna, uno de los países que a nivel suramericano cuenta con la más completa legislación en materia de protección a la niñez y los adolescentes. De hecho, tanto el mandato constitucional que establece sus derechos como prevalentes así como el desarrollo jurisprudencial y normativo para hacer válida esa premisa son considerados por los tratadistas como de los más integrales y garantistas en el continente. Sin embargo, como lamentablemente se constata a diario, incluso con los casos más aberrantes y criminales, el hecho de tener ese marco regulatorio tan amplio no ha logrado frenar las vulneraciones sistemáticas a los derechos de los más inocentes y débiles.

Tal como ocurre con otras leyes, decretos y regulaciones que tienen por objeto promover la protección de las garantías más fundamentales de la población, en algunas ocasiones falta diligencia de las propias autoridades para aplicar esa normatividad con todo el rigor y, en otras, son las realidades políticas, económicas, sociales y culturales las que diluyen ese efecto preventivo o correctivo. Prueba de ello es que las estadísticas sobre vulneración de los derechos de los niños y niñas en Colombia continúan siendo vergonzantes. Asesinatos, abusos sexuales, trabajo infantil, desescolarización, desnutrición, barreras de acceso a los servicios de salud, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, reclutamiento forzado y otras afectaciones están a la orden del día, así en varios de esos indicadores sea evidente una tendencia a la baja.

Frente a todo ello, es necesario resaltar los esfuerzos gubernamentales para tratar de hacer una realidad los marcos integrales de protección a los menores de edad. Un ejemplo de ello es, precisamente, la Alcaldía de Bogotá que días atrás presentó un balance de sus políticas y programas en la materia.

Según el corte de cuentas de la Secretaría de Integración Social, en Bogotá hay 92 mil niñas y niños menos en trabajo infantil. En los llamados “Centros Amar” se les brinda atención integral a estos menores, con edades que van desde los tres hasta los 17 años. Asistencia desde el punto de vista nutricional, educativo y de restablecimiento de derechos en general. Incluso sus padres, acudientes o cuidadores también reciben acompañamiento y orientación psicosocial, entre otras prerrogativas.

De esta forma, según las estadísticas distritales, durante la administración de Enrique Peñalosa -y hasta 2018- se logró reducir la tasa de trabajo infantil ampliado en 6.1 puntos porcentuales, superando la meta trazada en el Plan de Desarrollo. 

Es importante tener en cuenta que la estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil va más allá de la simple ubicación del menor que está en dicha situación. En realidad requiere un abordaje más integral y multidisciplinario que, en el caso capitalino, está garantizada por una alta inversión presupuestal así como por la participación de distintas entidades y secretarías como las de Educación, Salud, Integración Social, Gobierno, Seguridad, Hábitat y Convivencia y Justicia. También de los institutos para la Economía Social, el Idiprón, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

Precisamente es esa coordinación interinstitucional la que permite atacar la problemática que rodea a los niños y adolescentes desde todos los flancos, con programas como cuidado a madres gestantes, asistencia nutricional a ellas y sus hijos, prevención de enfermedades en la infancia, ampliación de la cobertura de los esquemas de vacunación y sistemas de alerta temprana para salvaguardar a menores en riesgo de abuso sexual, mendicidad, violencia intrafamiliar, desescolarización, pandillismo, drogadicción o incluso de incidencia delictiva, entre muchas otras amenazas.

Lo importante, en todo caso, ya sea en Bogotá o en el resto del país es que la ciudadanía entienda que garantizar el cuidado de la niñez y la adolescencia es una responsabilidad de todos. No basta con expedir leyes ni tampoco con el accionar de las autoridades para tratar de asegurar su aplicación y cumplimiento. Se requiere de una participación activa y decidida de todos. Ante el menor síntoma, evidencia o incluso la sola sospecha de un menor en estado de riesgo o vulneración, hay que denunciar de inmediato. Asumir una actitud pasiva o considerar que se trata de un asunto personal o privado de otros en el que no hay que involucrarse, lo único que conlleva es a que el niño o joven que ahora está en peligro mañana se convierta en una víctima, incluso fatal.

Así las cosas, el llamado no puede ser otro a redoblar esfuerzos para asegurar que los derechos de los más débiles e inocentes se respeten, más aún cuando el Estado, ya sea a nivel nacional o distrital, tiene las instancias de acción y reacción listas a intervenir.