• ¿Reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
• La OEA debe abrir debate sobre petición de cinco países

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una de las conquistas más importantes del continente, sin duda alguna. Su construcción y consolidación tomó varias décadas, más aún en una región en donde la segunda mitad del siglo pasado estuvo marcada, en buena parte, por una serie de regímenes dictatoriales y de facto, la mayoría de los cuales se distinguieron por una violación sistemática de los derechos humanos, incluso con algunos de los episodios de mayor barbarie y sevicia a nivel mundial, apenas superados por las atrocidades de los nazis o de algunos mandatos africanos.

Sustentado en la Convención Americana, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, el Sistema es la columna vertebral del tratado consultivo internacional para la defensa y garantía de los derechos humanos en todos los países que hacen parte de la misma. Para ello, se constituyeron dos instancias: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención. La primera tiene como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la materia. Puede recibir denuncias de violaciones de derechos humanos en cualquiera de los países miembro de la Convención, realizar visitas de campo y preparar informes al respecto, incluso con proyección prejudicial y la capacidad de dictar medidas cautelares de protección a las víctimas. La segunda instancia, a su turno, es una Corte con función contenciosa y judicial, que dicta sentencias y tiene un mecanismo de supervisión para el cumplimiento de las mismas.

Precisamente mañana inicia en Barranquilla el 62 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte IDH, que analizará casos específicos relacionados con causas en varios países americanos, al tiempo que se realizará el Seminario Internacional “El rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la garantía de los derechos humanos en el Hemisferio”. Posteriormente, pero ya en Bogotá, tendrán lugar ocho audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencia de casos en Colombia, Argentina y Uruguay. Ya en junio pasado, en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la OEA, que se realizó en Medellín, uno de los temas centrales fue el proceso de elección de cuatro integrantes de la CIDH.

Tanto en junio pasado como en la sesión que comienza mañana en Barranquilla, hay un tema de fondo que está gravitando. Se trata de la declaración que el pasado 11 de abril hicieran los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay planteando reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las naciones firmantes no solo ratificaron su compromiso inequívoco y permanente con la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, sino que destacaron el papel cumplido por la CIDH y la Corte IDH.

Sin embargo, adujeron que el Sistema “tiene, como cualquier empresa humana, fallas y en particular en los últimos años los países firmantes hemos registrado serios problemas”. En ese marco los cinco gobiernos urgieron que se estudie la adopción de medidas urgentes para reducir el atraso en el trámite de peticiones ante la CIDH y mejorar la economía procesal en los casos ante la Corte. Igualmente solicitaron una estricta aplicación de principios fundamentales del Sistema, como son el principio de subsidiariedad o el margen de apreciación de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Para las naciones firmantes, siendo claro que en ellas impera el Estado de Derecho y hay una institucionalidad sólida y eficaz que consagra mediante procesos democráticos un amplio espectro de derechos y garantías, se hace necesario un llamado “a que se respete el legítimo espacio de autonomía de cada Estado y, en especial, a que los órganos del Sistema tomen en consideración las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados, en especial al momento de decretar medidas de reparación, las cuales deben guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del estado de Derecho”.

Como era apenas obvio, la solicitud generó de inmediato un debate de amplio espectro con distintas controversias en torno a si hay o no un sesgo ideológico o político en el Sistema, si existe o no un debilitamiento de la soberanía judicial de las naciones, si hay excesos o no en los alcances de los fallos o desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos en los procesos ante la Comisión y la Corte… Incluso sobre si los montos de las reparaciones económicas se están o no convirtiendo en una amenaza fiscal para las naciones condenadas…

Sin duda se trata de un asunto de fondo que exige, como premisa, un análisis objetivo y despolitizado de la propuesta de reforma. En su momento, la CIDH acusó recibo de la declaración y prometió revisarla de forma detenida, reconociendo el carácter constructivo de la misma. Urge que dicho proceso comience a concretarse. Al propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos no le conviene que existan dudas sobre su eficacia y funcionalidad en un tema de tantas implicaciones. La OEA tiene la palabra. Hay que dar una respuesta.