* Desgaste de los mecanismos de participación
* Los nocivos efectos de la atonía parlamentaria
Es poca la suerte que ha tenido la democracia participativa en Colombia. Las veces que se han pretendido utilizar sus instrumentos, establecidos como novedad en la Constitución de 1991, no se han logrado los umbrales de ley o se ha esquilmado el resultado. Ya son, pues, casi 30 años de nulidad en este aspecto esencial del sistema democrático.
No es bueno que ello ocurra. En países como Estados Unidos o Suiza figuras como las del referendo son de uso común y sirven para tomar decisiones de calado nacional o que afectan directamente a una comunidad determinada. En el Reino Unido, igualmente, la decisión popular sobre la salida de la Unión Europea se ha mantenido en toda la línea, pese a las dificultades de una negociación de este tipo.
Por su parte, en nuestro país la democracia participativa se ha convertido más bien en un comodín para anunciar grandes reformas que, sin embargo, nunca se llevan a cabo. Probablemente esto sucede porque en buena medida se ha llegado a un estado de exasperación frente a la abulia del Congreso que no atina a asumir la órbita total de sus atribuciones legales. Para el caso, es de todos sabido que en muchas ocasiones la Corte Constitucional ha llamado la atención sobre esa atonía parlamentaria. Pero incluso advirtiendo el fenómeno, por medio del cual el Congreso se resiste a hacer las leyes, este órgano ha prestado oídos sordos en cuanto a la expedición de normas cruciales e impostergables. De tal modo, no solo hay una suspensión de la democracia participativa, sino que la democracia representativa se hunde en una especie de moratoria voluntaria sobre la que nadie protesta. Bajo esas circunstancias se ha implantado una democracia inmóvil, por no decir, inmovilista.
Así las cosas, la democracia en Colombia se remite, pues, a la elección de dignatarios y de cuerpos colegiados. Semejante visión recortada de las posibilidades democráticas ha llevado, en una proporción importante, a que se perciba un bloqueo del sistema. En ese sentido, para nadie es secreto que hay un rosario de reformas cuyo represamiento pasa factura constante a la buena marcha del país y las posibilidades de un futuro más claro. En efecto, se requieren ajustes urgentes y de fondo en múltiples aspectos estructurales: políticos, económicos, tributarios, pensionales, laborales, ambientales, judiciales… Aun así, avanzan las legislaturas y nunca llegan las soluciones. Y si acaso llegan, siempre es a medias. En consecuencia, los problemas se aumentan por gracia de la pasividad para resolverlos.
Ahora resulta que surgen propuestas tan díscolas como las de propiciar un referendo para revocar el gobierno del presidente Iván Duque. Por supuesto, no es más que un amago demagógico, en procura de ganar reflectores donde no los hay. Ya se sabe, por demás, que una proposición de tales características no es más que un prevaricato disfrazado por cuanto no existe legislación en la materia. De modo que no es sino otra maniobra para manosear la figura del referendo.
Posiblemente, tampoco sea necesario refrendar lo que de antemano podría llevarse a discusión del Congreso, entre otras ideas que rondan el ambiente político. De hecho, ni siquiera es aconsejable usar la vía parlamentaria para incorporar, por ejemplo, el ingreso solidario o la renta básica por un término mayor al inicialmente estipulado por el Ejecutivo. Basta, en ese caso, con que el primer mandatario, creador de la idea, le dé un mayor alcance en el tiempo y complemente los decretos previos con nuevos insumos. Lo que existe, entonces, es una batalla política por el padrinazgo de la criatura, pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que ha sido el Gobierno, en cabeza de Duque, el que ha permitido que los vulnerables sean acogidos y amparados, frente a la actual pandemia, con los dictámenes correspondientes, como debe ser.
Es muy probable, desde luego, que Colombia necesite salidas por la vía de la democracia participativa. Lo cual tampoco debe dejar de llamar la atención sobre la parálisis del Congreso en legislaciones clave. Ambas situaciones deberían desentrabarse, en aras de una mejor proyección de la Constitución de 1991. Pero si se va a usar nuevamente el plebiscito o el referendo, en esta oportunidad debería ser fruto de un acuerdo sobre los temas primordiales, para decisión autónoma del pueblo.