- Graves sombras en seguridad y transparencia proselitista
- Insólito y desinstitucinalizador pulso por curul en CNE
A 16 días de la cita en las urnas para escoger a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles el panorama electoral está bastante caldeado. Y no por el aspecto logístico, ya que tanto la Presidencia de la República como la Registraduría Nacional dieron el miércoles un parte de normalidad en lo que tiene que ver con la distribución a tiempo y en todo el país de los tarjetones, formularios y demás material que se utilizará el 27 de octubre, así como del operativo digital para la transmisión segura y transparente de los datos de las votaciones, su correcto escrutinio y la información rápida de los resultados a los candidatos y ciudadanía en general. Se ratificó incluso que, por el momento, no hay un solo lugar del país en donde se tenga previsto cancelar la jornada democrática por cuestiones de orden público o imposibilidad logística.
Los riesgos son de otro tenor. En primer lugar, si bien es cierto que en los últimos días no se ha reportado ningún nuevo caso de atentados o asesinatos de candidatos, hay centenares que afirman estar amenazados o no pueden hacer proselitismo en ciertas zonas por intimidaciones de grupos armados y otros factores de delincuencia local, ya sea común u organizada. Aunque el Gobierno y demás entidades reforzaron el plan de protección a los aspirantes, es imposible otorgarles medidas de seguridad a todos. Por lo mismo las instituciones manejan distintos porcentajes de municipios con riesgo electoral (ya sea alto, bajo o medio), pero la mayoría están por encima del 30%.
No menos alarmante resulta que persisten las denuncias en torno a que las redes de corrupción, el narcotráfico, la minería criminal, los carteles de contratistas y muchas cuestionadas casas políticas locales y regionales apuntan a tomarse, otra vez, muchas alcaldías y gobernaciones. Los escándalos han estado a la orden del día: impactantes audios sobre maniobras ilícitas de las campañas, evidenciando la repartición previa y descarada de cuotas burocráticas y presupuestales; aspirantes que siguen en campaña pese a tener investigaciones en curso y siendo inminente su encarcelamiento o inhabilitación; el caso de un candidato capturado, otro al que le podrían poner un brazalete electrónico, no faltó tampoco el que se habría autosecuestrado ni los muchos acusados de acudir a tácticas de vieja y nueva data en materia de guerra sucia electoral…
Pero las anomalías no terminan ahí. A hoy no está claro qué pasará con las más de 900 mil personas a las que se les anuló la inscripción de sus cédulas por presunta trashumancia. Siendo este un delito, la Fiscalía debería actuar de oficio sobre semejante cantidad de ciudadanos, pero ello generaría un inmanejable bloqueo de la administración de justicia. Otro aspecto sintomático de la baja capacidad que tiene el Estado para aplicar las leyes de transparencia electoral, es que apenas un ínfimo porcentaje de candidatos ha registrado los movimientos financieros de sus campañas en el portal web Cuentas Claras, pese a ser un trámite obligatorio. Por igual, los reportes del Ministerio del Interior en torno al monitoreo permanente de las campañas continúan advirtiendo que la queja más recurrente de los competidores y ciudadanía es la participación indebida en política por parte de funcionarios públicos.
Otra muestra de la fragilidad institucional del sistema político colombiano es lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, pues el reemplazo del fallecido magistrado Heriberto Sanabria terminó convertido en un desgastante e inaudito rifirrafe, en donde un aspirante se posesionó ante un notario pero el alto Tribunal dice que no puede ejercer, otro busca mediante tutela que el Senado le reconozca el derecho a ocupar el escaño y la Presidencia de esa corporación legislativa nada que atina a desenredar un tema por demás urgente. Todo ello ha bloqueado el funcionamiento del Consejo precisamente cuando debería estar sesionando ininterrumpidamente para definir decenas de casos de candidatos presuntamente inhabilitados… Ni esos aspirantes, los partidos y los rivales en la contienda electoral como tampoco la ciudadanía tienen hoy claridad al respecto, pese a que solo faltan 16 días para las urnas. Una situación insólita, desinstitucionalizadora y que afecta la génesis misma de nuestro sistema democrático.
Está claro que esta problemática no es nueva ni sorpresiva. La legislación electoral en Colombia es arcaica en muchos aspectos. Los recurrentes proyectos de reforma política se hundieron uno tras otro en el Congreso, y los pocos cambios que son aprobados terminan haciendo más grande e incoherente la ‘colcha de retazos’ en que se convirtió dicha normatividad. En síntesis, Colombia cuenta con un sistema electoral que no garantiza al cien por ciento la transparencia proselitista ni el cumplimiento de los cánones propios de la democracia, sobre todo en el ejercicio del derecho más sagrado y fundacional de la misma: el de elegir y ser elegido. Una situación lamentable pero desafortunadamente real.