- Más allá de “salvavidas” financieros
- Una reingeniería que sigue pendiente
En la última década se volvió común escuchar de los gobiernos de turno la necesidad de lanzarle un “salvavidas” financiero a la red de clínicas y hospitales públicos que constantemente están en amenaza de quiebra o riesgo de cierre por distintas circunstancias. En los mandatos de Álvaro Uribe así como en los de Juan Manuel Santos se implementaron distintas fórmulas económicas, administrativas y operacionales para que estas entidades sanitarias pudieran seguir a flote, pero siempre se replicó que se trataba, en mayor o menor medida, de pañitos de agua tibia que no solucionaban de fondo la problemática, por lo que al cabo de uno o dos años la crisis estructural volvería a asomar, esta vez demandando más recursos.
En el arranque de la administración Duque, confirmando lo previsto, una de las urgencias del Ministerio de Salud ha sido, precisamente, buscarle una salida a la grave situación de los hospitales oficiales. Tras visitar más de cuarenta de estas instituciones el diagnóstico en general es muy preocupante: el 42 por ciento de ellos tiene un riesgo financiero medio y alto. A ello se suma que los servicios de segundo nivel de complejidad están en crisis, en tanto que hay graves problemas en materia infraestructura, desorden administrativo, cuantiosa cartera morosa, poca disponibilidad de recurso humano y difícil acceso a nuevas tecnologías médicas. Todo ello, como es apenas obvio, atenta contra la calidad y oportunidad del servicio que debe darse a millones de colombianos, muchos de ellos de bajos recursos.
Enfrentar esta situación es muy complicado y demanda acciones de corto, mediano y largo plazos. Entre las primeras es evidente que se necesita una inyección urgente de recursos para evitar el colapso del servicio. Cerca de 190 mil millones de pesos se están destinando en los últimos cuatro meses de este año y en el Presupuesto General para 2019 también se logró un incremento de partidas para estas instituciones. De igual manera se busca aplicar políticas de administración más eficaces que redunden en una mejoría objetiva de los estándares de gestión y calidad del servicio. Esto implica, obligatoriamente, despolitizar estas instituciones que se volvieron fortín clientelista de dirigentes regionales, locales y hasta congresistas.
En cuanto a las acciones de mediano plazo, es obvio que se requiere una reingeniería del sistema de financiación de la salud pública, no sólo en cuanto a incrementar el giro de recursos a gobernaciones y alcaldías, vía reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) -proyecto que ya está en curso en el Congreso-, sino también en lo referente a modificar el mecanismo de flujo de dineros dentro del esquema de aseguramiento, ya que a muchos hospitales y clínicas del Estado las EPS públicas y privadas les adeudan millonarias sumas. En este caso, por ejemplo, el gobierno de turno adelanta una especie de ‘acuerdo de punto final’ para establecer claramente quién le debe quién y cómo garantizar el respectivo pago, sobre todo en cuanto a acreencias no POS. También, como lo anunciara ya el Ministerio, se deben tomar medidas para reformar el marco normativo de los hospitales públicos, generar un nuevo estatuto laboral, promover redes integradas regionales así como otro modelo de financiamiento e infraestructura. En últimas, implementar una nueva política hospitalaria pública.
Sobre la acción de largo plazo, ya se habla de una reforma integral al sistema de salud que sería llevada al Congreso en el segundo trimestre del próximo año. Una reforma que tendría cinco pilares fundamentales: inyección ordenada y eficaz de liquidez al sistema, nueva cultura corporativa enfocada en la calidad del servicio, una verdadera política de prevención, blindaje institucional contra el clientelismo y la corrupción, así como mejora en el recurso humano, la infraestructura y el acceso a mejores tecnologías y equipamiento.
Como se ve, solucionar de fondo la crisis de la red pública de hospitales y clínicas no es fácil. Lo principal es entender que no es solo inyectar recursos para solventar las afugias financieras. Por el contrario, de poco sirve destinar más presupuesto ordinario o extraordinario a estas instituciones si tales giros no van acompañados de una mejoría sustancial en los indicadores de gestión administrativa y, sobre todo, de calidad y oportunidad del servicio al paciente, que es el fin último de todo el sistema. Tampoco hay mayor efecto si a lo anterior no se suma una mayor capacidad de control y vigilancia para que los presupuestos no se difuminen en burocracia, clientelismo y corrupción. Para ello ya está radicado un proyecto que le da más “dientes” sancionatorios a la Superintendencia de Salud. Por igual es urgente acompasar toda estrategia con una inversión suficiente para infraestructura y capacitación de recurso humano. La época de los meros “salvavidas” financieros a los hospitales públicos ya terminó. O estos aplican una estrategia integral de saneamiento, o lo mejor es buscar otras alternativas para atender a la población en sus áreas de influencia.