- Muchas dudas sobre el articulado
- Asegurar la coherencia del sistema
Cada vez que en el Congreso se tramita un proyecto de reforma al sistema político y electoral uno de los mayores temores que surge en el país tiene que ver con el riesgo de que la iniciativa que finalmente sea aprobada termine adoleciendo de coherencia, pragmatismo y transparencia. No es un temor gratuito. En incontables ocasiones en las últimas dos décadas este tipo de reformas ha generado amplia polémica porque las bancadas de turno aprovechan los debates para tratar de legislar en causa propia, dejar viva la politiquería e incluso generar una normatividad que bloquee el accionar de los entes de control y vigilancia. Sería muy larga la lista de ocasiones en que sólo las denuncias públicas y periodísticas han logrado frenar los conocidos ‘micos’ con que los parlamentarios han buscado beneficiar intereses particulares o impedir que el sistema pueda desterrar efectivamente los conocidos vicios de fraude y clientelismo.
Como se sabe, en el actual Congreso se tramita un proyecto de reforma política que llega esta semana a su tercer debate, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno y buena parte de las bancadas, no ha estado exenta de polémicas y dudas sobre su verdadero efecto depurador del sistema electoral. Y no solo por cuenta de los fallidos intentos en el Senado de ‘colgarle’ al articulado propuestas para abrirle paso al transfuguismo y la escisión partidistas, sino por planteamientos que lograron su aprobación, como es el caso de la llamada “Inversión de Iniciativa Congresional”, que permite que una quinta parte del presupuesto nacional de inversión de cada año se destine a proyectos específicos sugeridos por los parlamentarios y que deben ser aprobados previamente por el Departamento Nacional de Planeación. Mientras que el Ejecutivo y los defensores de este artículo sostienen que la figura permitirá hacer más transparente, técnica y fiable la gestión de senadores y Representantes para llevar inversión nacional a sus regiones, los críticos advierten que se trata de una nueva forma de “mermelada” presupuestal que sigue incentivando el insano transaccionismo entre el Gobierno central y las bancadas parlamentarias.
Si bien es cierto que el proyecto que empezará a discutirse en tercer debate avanza en temas como la eliminación del voto preferente y la obligatoriedad de listas únicas, cerradas y bloqueadas para planchas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular (Congreso, asambleas, concejos y JAL), no está claro todavía qué mecanismo se aplicará para que los partidos apliquen medidas efectivas de democracia interna para la escogencia de sus respectivos aspirantes.
De igual manera, la propuesta de crear una especie de Senado de origen mixto, en el que una parte de los integrantes sería elegida por circunscripciones territoriales y otra por circunscripción nacional continúa generando muchas dudas en torno a si esta es la fórmula adecuada no solo para que todos los departamentos tengan representación en la cámara alta, sino para acabar con uno de los elementos que más enrarece la actividad proselitista como lo es el hecho de que los candidatos a esta corporación puedan buscar votos en todo el país.
Igual puede decirse de la financiación preponderantemente estatal de las campañas electorales, que así como tiene defensores a ultranza también detractores que consideran que no es la vía para acabar con la corrupción, la politiquería y el clientelismo.
Otras normas incluidas en el proyecto, referentes a más sanciones a los directivos de partidos políticos por avalar candidatos inhabilitados o las nuevas reglas del juego para obtener la personería jurídica de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, necesitan más precisión, al igual que la posibilidad de inscribir listas de coalición. Loable que se haya podido aprobar que nadie podrá elegirse por más de tres períodos en Senado, Cámara, asambleas, concejos y JAL. No hay que olvidar que este tema venía en un proyecto anticorrupción que se hundió. Respecto a la equidad de género en las listas, por ahora viene avalado un avance al 33% en los comicios regionales y locales de octubre de 2019 y al 50% en las elecciones de 2022.
Como se dijo, el principal objetivo del proyecto de reforma política es que debate tras debate se vaya asegurando que el sistema electoral y partidista resultante sea coherente, moderno y, sobre todo, que avance en transparencia democrática. Por ahora esa premisa no está asegurada y menos aún con la cantidad de proposiciones discutidas en los primeros dos debates y que sus impulsores buscan revivir en los seis restantes. El temor a que esta reforma termine convertida en una ‘colcha de retazos’ sigue vigente. Y ese es un riesgo muy alto para la institucionalidad.