- El remate de gobernadores y alcaldes
- Congreso estudia iniciativas clave
Un cierre de gobierno efectivo. Ese es, sin duda, el principal objetivo de los mandatarios departamentales y municipales que, a punto de entrar en el último año de su período, empiezan a acelerar los ritmos de sus ejecutorias con el fin de redondear su respectiva gestión.
Cada gobernador y alcalde es consciente de que finiquitar su mandato no será fácil, ya que existen elementos propios y exógenos cuyo impacto debe considerarse de forma realista. Entre los primeros figuran aquellos referidos a obras, programas y proyectos que están a medio camino o que será necesario dejarlos andando para que los capitalice su sucesor. Y dentro de los segundos se cuentan circunstancias sobre las que hoy no se sabe si el próximo año estarán vigentes o no.
Por ejemplo, es claro que si se llega a reformar la Ley de Garantías Electorales -ya el Congreso discute el tema- el cronograma de cierre de los gobiernos departamentales y municipales varía de forma sustancial, pues no quedarían limitados en materia contractual, ajustes en nóminas, firma de convenios interadministrativos y otras acciones propias del día a día en gobernaciones y alcaldías. No se puede olvidar que por cuenta de los recientes comicios parlamentarios y presidenciales ya los mandatarios regionales y locales estuvieron restringidos de forma directa e indirecta por varios meses y se exponen a algo similar a partir de junio del próximo año.
Por otra parte, en el Parlamento también están en discusión dos reformas de alto impacto para los fiscos regionales y locales. De un lado, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes cursa la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que es el mecanismo que regula las transferencias del gobierno nacional central a los departamentos y municipios para que financien gastos en educación, salud y saneamiento básico, entre otros rubros. Es una modificación clave toda vez que para la mayoría de estos sectores hay un incremento significativo de porcentajes de los giros, tal y como los gobernadores y alcaldes lo venían urgiendo desde hace varios años, bajo la tesis de que la crisis fiscal territorial se agravó por los menores presupuestos enviados por el nivel central.
De otro lado, también está ya en debate el proyecto que fija el presupuesto bienal de las regalías, que es absolutamente prioritario para gobernaciones y alcaldías toda vez que para 2019 y 2020 plantea un aumento sustancial de recursos, equivalente al 63 por ciento, pasando de 11,7 billones de pesos a 19,2 billones, explicado principalmente por el mejor comportamiento de los precios internacionales del petróleo. A ello se suma, que el Gobierno nacional, dentro de su plan para descongelar la inversión de los recursos de las regalías represados, está agilizando la aprobación y ejecución de proyectos, una parte de los cuales les corresponderá activar a los actuales ejecutivos regionales y locales.
A lo anterior debe sumarse que para el cierre de los mandatos de los actuales gobernadores y alcaldes será clave que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se reflejen las realidades demográficas, económicas, sociales, de vivienda, distribución territorial, servicios públicos, necesidades básicas insatisfechas y otras variables más que arroje el Censo de Población que está terminando. Dicho Plan, que se aspira esté aprobado antes de junio del próximo año, marcará la hoja de ruta del último semestre de los salientes mandatarios locales y seccionales.
Igualmente tiene que contemplarse que la campaña electoral que se avecina para los comicios de octubre de 2019, en donde se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, seguramente se convertirá en un elemento que hará ruido en las gestiones de cierre de los actuales mandatarios, más aún porque los proyectos de reforma política y anticorrupción imponen más sanciones y controles para evitar el clientelismo proselitista desde las instancias oficiales.
Pero no terminan ahí los retos que tendrán los titulares de departamentos y municipios en los trece meses largos que les restan de mandato. Por ejemplo, deberán hacerle frente a una cada vez más deteriorada situación de orden público, el inicio de la nueva ofensiva contra los cultivos ilícitos y las implicaciones de un fenómeno de El Niño que amenaza con someter al país a una intensa sequía en el primer cuatrimestre de 2018.
En medio de todas esas circunstancias los gobernadores y alcaldes tendrán que maniobrar para lograr un cierre de gobierno efectivo. No será, como se dijo, fácil poder concretar los objetivos de cada administración, dados los elementos propios y exógenos ya explicados. El Gobierno nacional y el Congreso tienen en sus manos varias medidas y políticas que podrían facilitar a los salientes mandatarios acelerar los ritmos de ejecución de sus políticas y se espera que procedan en consecuencia.