La población de Bogotá está esperanzada en que la próxima administración de la ciudad rectifique las políticas del hijo del histórico director del Incora, en el gobierno del presidente Lleras Restrepo. Autor político que desató un debate en el parlamento, por parte de Nacho Vives, de tal efervescencia que el país entero lo escuchó y el doctor Lleras estuvo a punto de renunciar a causa del escándalo que suscitó la conducta del entonces ministro Peñalosa.
Lo que se hereda no se hurta, enseña la filosofía popular. La invocación del refrán tiene que ver con la propuesta que el burgomaestre, a punto de buen retiro, ha hecho para establecer unos peajes en el sector urbano de la capital de la República. Esto ha causado angustia a los habitantes y la confianza de su votación por el cabildo es que esa corporación, recién elegida, ejerza un real control político y no se asocie con la alcaldesa para continuar cediendo los derechos de la clase media a los terratenientes que sueñan con el POT, contribuyentes que ahora menoscaban sus centavos pagando un gravamen de valorización que solo favorece a unos escogidos a escondidas.
Como los peajes no se han aprobado, entonces, para conseguir los ingresos al erario que capitalicen las facultades económicas del administrador y con ese dinero pagar su propaganda, tal cual lo ha referido doña Claudia López, se apela al “poder” de policía y con los agentes de tránsito, muchos beneficiados de esa instrucción, se producen miles de comparendos y en no pocos casos se conducen carros a los parqueaderos privados, en grúas particulares y se cobran multas, todo arbitrariamente, como cuando se “decomisa” un carro estacionado en cualquier vía, no restringida con avisos, argumentando que se trata de abandono, “res derelictae”. Medida que en ocasiones se emplea para coaccionar y restringir a quienes no se doblegan al jefe de esa Secretaria. De esto soy real víctima, pues mis comentarios de prensa han dado motivo para que se me persiga y mis automóviles sean incautados con ese argumento.
Ahora se ha ideado un “impuesto” decretado por la Alcaldía, para que se libere el pico y placa a quienes cancelen una contribución de 4 millones anuales, tributo que conforme a la Constitución (313-4) debe imponer el Concejo, pero las dictaduras todas lo pueden.
Se estrenan cámaras de foto-multas que, por supuesto, no dan lugar a discusión que teóricamente y doctrinalmente -según lo que la Corte Constitucional artículo 29- sostuvo en el control del artículo 140 del Código Nacional de Policía- se puede suscitar para demostrar que no se ha causado perturbación del orden público y que la multa no es jurídicamente justificable. La política que se practica en ese campo de la administración viola el mandato que predica que las contravenciones se sancionan para prevenir y siempre que sean comportamientos dolosos. En la práctica es un régimen “tributario” para satisfacer intereses privados: el SITP.