Manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentaron de nuevo ayer  en el centro de Bagdad, convertido en un campo de batalla saturado de gases lacrimógenos.

La ola de manifestaciones y violencia que vive Irak desde el 1 de octubre, para exigir la caída de un gobierno que consideran corrupto e incompetente, ha dejado más de 300 muertos, según un balance de la AFP.

Pero seis semanas más tarde, las autoridades, que parecían fragilizadas por la movilización, acordaron el sábado respaldar al criticado primer ministro y acabar a toda costa con las protestas.

Tras este acuerdo en favor de "una vuelta a la vida normal", las fuerzas de seguridad intensificaron este fin de semana la represión en un país que sigue cortado del mundo, sin internet ni redes sociales.

El sábado, nueve manifestantes murieron por disparos con munición real o por gases lacrimógenos lanzados a las cabezas en los alrededores de la plaza Tahrir de la capital, epicentro de las protestas, y otros tres en Basora, segunda ciudad del país, en su extremo sur, según fuentes médicas.

Los enfrentamientos se reanudaron el domingo en la plaza Khalani, en el centro de Bagdad, donde el aire está impregnado de gases lacrimógenos.

Desde el sábado por la noche "las fuerzas de seguridad intentan avanzar hacia Tahrir para dispersar a los manifestantes", dice uno de éstos a la AFP.

Pero, advierte un paramédico que cuida a los heridos, "estamos en Tahrir, y ahí nos quedaremos".

Las fuerzas policiales erigieron muros de cemento para separar las plazas Khalani y Tahrir.

Los manifestantes dicen que seguirán bloqueando el país mientras no hayan obtenido su "parte del petróleo" en Irak, que tiene importantes riquezas petroleras y es  segundo productor de la OPEP.

Irak tiene un desempleo entre los jóvenes que ronda el 25%, mientras que uno de cada cinco de sus habitantes vive bajo el umbral de la pobreza. 

El movimiento de protesta reclamaba originalmente empleos y mejores servicios. Ahora los manifestantes piden además la renuncia de todos los responsables políticos y una renovación total del sistema político implementado desde la caída del dictador Sadam Husein, en 2003.

Amnistía Internacional exhortó en un comunicado a las autoridades iraquíes a "ordenar de inmediato el fin del uso continuo e ilegal de la fuerza letal".

La organización también les pidió que contuvieran a sus fuerzas de seguridad para "evitar un baño de sangre".

Esa violencia ha dejado más de 12.000 heridos desde el 1 de octubre. Y a ella hay que añadir lo que muchas voces en Irak llaman ahora la "nueva república del miedo", en un país que salió hace 16 años de décadas de dictadura del partido Baas de Sadam Husein.

Militantes y médicos que apoyan a los manifestantes afirman ser objeto de campaña de detenciones, secuestros e intimidaciones por parte de las fuerzas estatales y de grupos armados.

La representante de la ONU en Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, dijo recibir "cada día informaciones sobre manifestantes muertos, secuestrados, detenidos arbitrariamente, golpeados o intimidados".