Recuperar seguridad y orden público

  • Lista nueva cúpula y los planes estratégicos
  • Urgen resultados contundentes a corto plazo

Una de las mayores preocupaciones del país al finalizar este año tiene que ver, indudablemente, con el rebrote de la violencia en distintas regiones. Un fenómeno que cada día que pasa adquiere una mayor complejidad, pues mezcla antiguos y nuevos actores delincuenciales. Las disidencias de las Farc ya tendrían más de 2.000 efectivos y si bien todavía no conforman una estructura nacional y de mando organizado y vertical, se han fortalecido a partir de ubicarse en las zonas de mayor densidad de narcocultivos, que se quintuplicaron hasta llegar a más de 200 mil hectáreas. El Eln también aumentó su accionar, no tanto en el campo militar típico, sino intensificando sus ataques a la infraestructura petrolera así como en secuestro y extorsión. Las bandas criminales organizadas como el “Clan del Golfo”, “Los puntilleros” y otras del mismo corte siguen empeñadas en ampliar su rango de operación.

Esos tres actores violentos tienen actuaciones disímiles, ya que mientras en algunas zonas hacen operaciones conjuntas de narcotráfico, minería ilegal, contrabando, robo de combustible y tala de madera, en otras se enfrentan a sangre y fuego, incluso teniendo como aliados coyunturales a los carteles mexicanos, cuya presencia en nuestro país es indudable.

A ese rebrote de la violencia armada, sobre todo en las zonas dejadas por las facciones de las Farc que sí se desarmaron y desmovilizaron, pero que no fueron ocupadas por la Fuerza Pública y el aparato estatal en su conjunto, debe sumarse la racha de asesinatos de líderes sociales, activistas de derechos humanos, voceros indígenas y comunitarios. También es claro que en el último año se registra un pico de microtráfico a nivel urbano y semiurbano, a la par de la disparada de otros delitos de alto impacto como atracos, riñas callejeras, violencia intrafamiliar y robos informáticos.   

Dada la delicada situación, desde el momento en que el gobierno Duque asumió una de sus prioridades fue combatir el desorden público y la inseguridad ciudadana. Lanzó planes como “El que la hace la paga” o el “Diamante” contra la delincuencia común y organizada, al tiempo de tomó decisiones de amplio espectro como la restricción al porte y consumo de la dosis mínima de drogas en sitios públicos o la activación del “Plan de Acción Oportuna” para la protección de líderes sociales, entre otras medidas de reacción inmediata. En los balances sobre sus primeros meses de gestión el Presidente de la República reitera que hay resultados innegables, como la erradicación de más de 20 mil hectáreas de narcocultivos, la reducción de un 14 por ciento en delitos, más de 500 municipios sin homicidios, duros golpes al microtráfico, la recuperación de muchos entornos escolares y parques que estaban copados por jíbaros y drogadictos, así como la captura o abatimiento de 19 cabecillas guerrilleros, de Bacrim y narcotráfico, entre otros.

Sin embargo, era necesario poner en práctica una estrategia estructurada y con metas más ambiciosas a mediano y largo plazos. Precisamente esta semana el Ejecutivo avanzó significativamente en esa dirección al activar los planes  “Bicentenario de las Fuerzas Militares” y el “Estratégico Integral Colombia Bicentenaria” para la Policía. Se trata, según el Gobierno, de las nuevas plataformas estratégicas para recuperar la seguridad y el orden público. De igual forma, se lanzó la política integral para enfrentar el problema las drogas, denominada “Ruta Futuro”, que incluye medidas para atacar todos los eslabones de este delito, desde el creciente consumo, el lavado de activos, la mayor oferta de drogas, la expansión de cultivos ilícitos y el fortalecimiento del crimen organizado (por la alianza guerrilla-Bacrim-carteles).

Delineada la estrategia de seguridad y control del orden público, el Gobierno también designó esta semana una nueva cúpula militar y policial, priorizando la experiencia en materia de inteligencia, contrainteligencia y operatividad. Los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares, Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía tienen claro que deben dar resultados contundentes a corto, mediano y largo plazos contra las disidencias, Eln, minería ilegal y narcotráfico, así como en materia de mayor protección a líderes sociales, recuperación y consolidación territorial, mejora de los indicadores de seguridad ciudadana e incluso ofrecer tranquilidad al país frente a las actitudes beligerantes y provocadoras del delirante régimen dictatorial venezolano. Las capturas de los alias “Otoniel”, “Guacho”, “Cabuyo” o “Gentil Duarte”, entre muchos otros cabecillas de grupos armados ilegales, así como golpes más fuertes al Eln se erigen como urgentes, sobre todo ante una opinión pública que está a la expectativa de mayores ejecutorias del nuevo Gobierno, al que han castigado duramente en las primeras encuestas.

Dado que hay voluntad política gubernamental, planes estratégicos estructurados y una nueva cúpula, los resultados contra la delincuencia común y organizada tienen que empezar a darse de forma más sustancial e inapelable. No hay excusa.