Avanzó el proyecto de ley que endurece las penas en los delitos contra la administración pública tras ser votado por las comisiones primeras del Senado y la Cámara que sesionaron conjuntamente.

Entre los avances de la iniciativa está la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos.

El articulado además propone la penalización de nuevas formas de criminalidad o adecuaciones de los delitos, penaliza la omisión de denuncia cuando los particulares no adviertan de delitos de corrupción de los que tengan conocimiento, sanciona a las personas que sirvan de testaferros, es decir que presten su nombre para adquirir u ocultar bienes con dineros procedentes de la corrupción, penaliza a los profesionales que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades o dinero que tengan origen ilícitos.

También tipifica como concierto para delinquir agravado las actuaciones contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. En este punto, además de multas, se propone cárcel de ocho a 18 años.

Según el presidente de la Comisión Primera del Senado, Santiago Valencia,  del Centro Democrático, “este es un gran proyecto de ley que estaba incluido en la consulta anticorrupción. Principalmente queda prohibida la casa por cárcel para corruptos” y endurece “penas para todos los delitos que tienen que ver contra la administración pública” y amplía “las sanciones para particulares y privados que participen con funcionarios públicos en actos de corrupción. Esperamos que en marzo entrante las plenarias de Senado y Cámara terminen de aprobar por fin esta importante ley”.

El senador de Cambio Radical, Germán Varón, ponente del proyecto, sostuvo que “no es posible que personas que cometen ciertos delitos tengan beneficios que reduzcan significativamente la pena, como personas que han atentado contra la alimentación de los niños y quienes se han apropiado indebidamente de recursos. Condenados a 15 años terminan pagando penas efectivas de tres y cuatro años por cuenta de los beneficios que consagra la ley. Esos beneficios quedan eliminados”.

Varón explicó además que “quedan excluidos los delitos contra la administración pública y la administración de justicia de la figura de la casa por cárcel. Esto quiere decir que no veremos funcionarios públicos en la casa pagando las penas, sino en prisión efectiva. Lo que a la gente le indigna es que después que una empresa cometió un delito pueda seguir contratando y verla participando en todas las licitaciones. En este estatuto se consagra que quedan inhabilitados por el mismo término de la pena que se le impone de tipo penal”.

En ese sentido su copartidario, el representante por Atlántico, César Lorduy, sostuvo que esta propuesta permitirá a las autoridades disponer de mayores herramientas para perseguir a quienes hayan cometido delitos de corrupción, pues “hace más eficaz la labor de la Fiscalía como la permanencia de jueces de garantías, facultades para los jueces penales municipales en diferentes jurisdicciones, agilidad en el procedimiento para la imputación de cargos, la utilización de peritos. Yo creo que es un estatuto que genera grandes avances”, indicó.

La senadora verde Angélica Lozano, una de las principales promotoras de la iniciativa, manifestó que “es un proyecto que lleva dos años en trámite. Es de autoría del fiscal general, pero el proyecto me ha gustado porque es bastante drástico. Tiene casi 50 artículos que mejora varios tipos penales, aclara varios procedimientos. Esperamos que esta vez sea la vencida, porque el Congreso ha hundido varias veces este tipo de proyectos”, manifestó.

Durante el debate el senador Rodrigo Lara, también de la bancada de Cambio Radical, incluyó dos artículos que fortalecen, a su juicio, esta iniciativa: “Lo que queremos es que se refuerce el régimen de transparencia de la Ley 80 y de pliegos tipo. ¿Por qué pliegos tipo para unos y no para otros, donde está la plata grande? Queremos que se extiendan todas estas medidas para esta ley”.