POR irregularidades en el cumplimiento de la orden judicial proferida por el Juzgado primero de Villavicencio en fecha 11 de mayo de 2022, según la cual le correspondía la realización inmediata de diligencia de restablecimiento de los derechos de las personas que alegaban la posesión del predio ‘La Camelia’, ubicado en la capital del Meta, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que formuló un pliego de cargos en contra de Juan Felipe Harman Ortiz, quien fue alcalde del Municipio de Villavicencio en el periodo 2020 - 2023.
Según el ente de control, el disciplinado, en su calidad de alcalde comisionado, habría dado trámite a recusaciones e impedimentos que por su naturaleza resultaban improcedentes; asimismo, se declaró impedido para conocer del asunto, lo que generó dilataciones injustificadas el cumplimiento de la orden judicial.
El despacho determinó que los actos de Harman Ortiz excedieron las competencias y facultades atribuidas, quien actuó en contravía de lo dispuesto en la normatividad.
Irregularidades en Marsella, Risaralda
Otro caso ocurrió en Risaralda, donde la Procuraduría también profirió pliego de cargos al exalcalde de Marsella, Risaralda, Alberto Rivera Cifuentes (2020 - 2023) por presuntas irregularidades en un contrato suscrito para la prestación del servicio de transporte escolar sin observar el cumplimiento de todos los requisitos legales.
La Provincial de Instrucción de Pereira señaló que, al parecer, el exmandatario participó en la etapa contractual y encontró que para poder ejecutar el bilateral el contratista se habría visto obligado a utilizar vehículos y conductores afiliados a la cooperativa de transportadores de Marsella, empresa de la que fungía como representante legal su hermano, Nelson Rivera Cifuentes.
Además, supuestamente se hizo un negocio jurídico con la empresa citada sin tener en cuenta que no contaba con la idoneidad, experiencia y capacidad financiera para atender las necesidades y el objeto contractual establecidos, según el Ministerio Público.
Con su presunta actuación Rivera Cifuentes aparentemente pasó por alto dar cumplimiento al principio de moralidad al avalar el contrato suscrito por más de $175 millones y afectar sus deberes funcionales.
En un segundo cargo la Procuraduría sostuvo que el exalcalde suscribió un contrato con la misma cooperativa para la prestación del servicio de transporte escolar rural para estudiantes de instituciones oficiales en sedes ubicadas en zonas de difícil acceso, sin tener en cuenta que cumplía los requisitos, al parecer desconociendo el régimen de incompatibilidades.