“El silencio cómplice de las autoridades colombianas no puede continuar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en declaraciones difundidas por la propia ONG.

¿Qué reclama Amnistía Internacional del Gobierno colombiano frente a la oleada de asesinatos de líderes sociales?

ERIKA GUEVARA: el silencio cómplice de las autoridades colombianas no puede continuar. Con el asesinato de quienes defienden los derechos humanos, se va destruyendo el tejido social de comunidades que históricamente han enfrentado cruelmente las consecuencias del conflicto armado, y ahora se encuentran en mayor riesgo por la reorganización de grupos paramilitares que se reciclan y reemergen con fuerza, reviviendo el sufrimiento causado en el país.

¿Le parece que esta situación es consecuencia del incumplimiento del Estado colombiano de los acuerdos con las Farc?

EG: la lenta implementación del acuerdo de paz en aquellas zonas más afectadas por el conflicto armado y el abandono del Estado es la fórmula para que actores armados coopten territorios y continúen asesinando con impunidad a aquellas personas que defienden los derechos humanos.

¿Cómo calificaría la situación?

EG: la violencia selectiva contra personas defensoras de derechos colectivos alcanza ya un carácter generalizado y se constituye en una vulneración masiva de los derechos humanos. Es altamente preocupante la poca información y respuesta de las autoridades colombianas de todos los niveles para condenar estos hechos y tomar medidas urgentes de prevención y protección. El conflicto armado recrudece ante los ojos inertes del Gobierno saliente y el silencio cómplice del Gobierno electo.

Usted señala la responsabilidad del Gobierno saliente. ¿Qué llamado le haría a la Administración entrante?

EG: la violencia continúa siendo una realidad para miles de personas y comunidades. Nos preocupa que actores armados como los grupos paramilitares, continúen cometiendo crímenes de Derecho Internacional como el desplazamiento forzado colectivo, violencia sexual contra mujeres y niñas, y asesinatos selectivos de personas defensoras de los derechos humanos. Esto tiene que cambiar, y esperamos este sea el compromiso de la nueva administración bajo el presidente electo Iván Duque.

El Gobierno entrante tiene el inmenso reto de asegurar que la dolorosa historia de conflicto armado y violencia en Colombia no se perpetúe, asegurando una respuesta integral para comunidades históricamente excluidas que requieren medidas más allá de las intervenciones militares en sus territorios. Bajo el mando del presidente electo Iván Duque, el Estado colombiano debe fortalecer su compromiso con la garantía de los derechos humanos en todos los rincones del territorio nacional y sin condicionamientos.

Desde el punto de vista de Amnistía Internacional, ¿qué papel debe asumir Iván Duque cuando asuma la Presidencia?

EG: los derechos de las víctimas del conflicto armado a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición deben ser el eje principal de sus políticas de gobierno para eliminar las causas estructurales de la violencia. La impunidad frente a crímenes de derecho internacional y graves violaciones de los derechos humanos debe cesar de una vez y para siempre.