La Fiscalía entregó este jueves más nombres de parlamentarios que aseguró han mediado para la adjudicación irregular de la contratación del país, a cambio de coimas, en el marco de la investigación que ha denominado Operación Mermelada Tóxica.

El nuevo caso corresponde a una invitación hecha por Fonade para escoger la interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de vivienda gratuita en nueve departamentos.

Por las inconsistencias que el ente encontró, capturó a siete personas y además compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue al representante Eduardo José Tous de la Ossa y al suspendido senador Musa Besaile, los dos del Partido de La U, porque habrían recibido más de 4.000 millones de pesos por su mediación.

La Fiscalía explicó que por tratarse de un proceso de convocatoria privada, era potestativo del director de Fonade invitar a quienes considerara pertinente. En este caso, llamó a las empresas Técnicas Territoriales y Urbanas SL Sucursal Colombia TTU; KHB Ingeniería S.A.S. y Tecnologías y Consultorías Ambientales y de Gestión S.A.S. Tecniconsulta S.A.S.

Añadió que la representante legal de esta última, Marcela Fuentes, se unió con Juan Felipe Morales, de ISOAM S.A.S, y con Amaury Segundo García de la Espriella, de Grupo Orión, para presentarse a la invitación como ‘Consorcio Interviviendas’. Al final al proceso de contratación sólo se presentaron TTU e Interviviendas.

“Según los elementos materiales probatorios recaudados, este consorcio fue contactado por Richard Kamal Náder Ordosgoitia y por Ronald Ruiz de León, quienes habrían fungido como intermediarios del senador Musa Besaile para la adjudicación de este contrato. Ellos habrían advertido a los miembros del consorcio que debían cancelar el 25% del valor total a los senadores y el 10% para el director de la Torre Negra, que se presume corresponde a un funcionario de alto rango de Fonade”, explicó la Fiscalía.

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Agregando además que para adjudicar el contrato a Interviviendas, habrían falsificado los documentos que certificaban idoneidad y para acreditar la experiencia exigida, habrían acudido a la representante legal de Tecniconsultas, a cambio de pagarle 200 millones de pesos. No obstante, según la Fiscalía, esta propuesta no cumplía con ninguno de los requisitos requeridos.

Dice la Fiscalía que para garantizar que la propuesta quedara en manos del Consorcio Interviviendas, “los miembros de éste habrían contactado a TTU, el otro proponente, y habrían acordado el pago de 200 millones de pesos para que presentaran una propuesta inviable, de manera que resultara perdedora”.

El Comité Evaluador de Fonade recomendó declarar fallido el proceso a comienzos de abril de 2017, obstáculo que se habría salvado con la intervención de otros funcionarios de esa entidad, a quienes se les habría ofrecido una coima si se obtenía un concepto favorable al proceso. “Para lograr que la adjudicación se diera, en varias ocasiones habría intervenido el congresista Eduardo José Tous”, señala el ente acusador.

La Fiscalía concluyó que se habría pactado un pago de 4.153 millones de pesos para senadores, entre ellos Musa Besaile (hoy en la cárcel investigado por el ‘Cartel de la Toga’), correspondientes al 25% del valor total del contrato. Se habrían pagado por lo menos 60 millones de pesos a Richard Náder y cerca de 36 millones de pesos a Ronald Ruiz de León, presuntos intermediarios de Besaile.

Además se habrían pagado 15 millones de pesos a los funcionarios del área jurídica de Fonade que participaron en la operación, y se prometió el pago de 200 millones de pesos al equipo evaluador de proyectos de Fonade, pagaderos durante la ejecución del contrato.

Por estos hechos fueron capturados los funcionarios de Fonade: Felipe Rodríguez, Jorge Córdoba y Antonio Sánchez. Los contratistas: Amaury García y Juan Morales. Y los particulares: Richard Náder y Ronald Ruiz.

A principios de este mes, la Fiscalía reveló la fase I de la Operación Mermelada Tóxica sobre el manejo de los llamados cupos indicativos, en orden a establecer la regularidad en su manejo. En desarrollo de la misma, se adelantó una investigación por un convenio que se suscribió entre la Alcaldía de El Peñón, en el sur de Bolívar, y Coldeportes para la construcción de una cancha sintética de fútbol 11, en el cual el senador Antonio Correa habría obtenido una coima.

El ente investigador señaló que los diseños del proyecto fueron plagiados por funcionarios de Coldeportes, en tanto que por su parte el Alcalde del municipio habría identificado al contratista que le serviría como firmante del contrato, quien se “habría comprometido a pagar una coima equivalente al 12% del convenio a través del congresista y otro porcentaje para el Alcalde”.