La creación de una  política pública encaminada a sensibilizar y divulgar los efectos, causas y consecuencias de contraer matrimonio o uniones maritales de hecho con menores de 18 años, es lo que quiere con un proyecto de ley que se estudiará en la Comisión Primera de la Cámara.

De acuerdo con la iniciativa, el Gobierno nacional, bajo la coordinación del Ministerio de Educación, se encargará de diseñar y ejecutar dicha política pública.

El proyecto establece que el Ministerio de Educación elaborará un informe anual de rendición de cuentas sobre la ejecución de la política pública, el cual será remitido al Congreso de la República dentro de los primeros diez días del segundo periodo de cada legislatura.

El articulado, al estipular la capacidad para contraer matrimonio, señala que “tendrán capacidad para contraer matrimonio solo las personas mayores de 18 años”.

Se trata del proyecto de ley número 213 de 2018 Cámara – 50 de 2017 Senado, “por medio del cual se modifica el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140, se deroga el artículo 117 del Código Civil y se dictan otras disposiciones”, radicado el 26 de julio por el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, en compañía de los congresistas de su bancada Álvaro Uribe, Ernesto Macías y Jaime Amín.

La iniciativa fue aprobada en diciembre por la plenaria del Senado y espera tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

Las normas del Código Civil que busca modificar (artículo 116 y el numeral 2 del artículo 140) y derogar (artículo 117) el proyecto son los que regulan la capacidad y consentimiento para el matrimonio, eliminando del Código Civil la posibilidad de contraer matrimonio con persona menor de 18 años.

La iniciativa volvió a ser tramitada, luego de que un primer articulado que se presentó al Senado el 20 de julio de 2015.
Al llegar en aquella oportunidad a la Comisión Primera del Senado, una comisión accidental formuló una serie de recomendaciones que fueron acogidas en esta oportunidad.

Aquella comisión accidental estaba conformada por los senadores Viviane Morales (Partido Liberal), Claudia López (Alianza Verde), Roosvelt Rodríguez (Partido Social de Unidad Nacional, La U), Germán Varón (Cambio Radical) y Jaime Amín (Centro Democrático).

Entre los cambios está la eliminación de expresiones que daban lugar a interpretar que se prohibían solo las uniones entre jóvenes, cuando la restricción está encaminada también a dejar sin validez cualquier tipo de consentimiento a las relaciones en que un integrante de la pareja es mayor de 18 años y el otro es menor.

Además se incorporó dentro del objeto del proyecto de ley el diseño y ejecución de una política pública como base fundamental para que exista un verdadero cambio cultural en torno a la nocividad que implica contraer matrimonio con menores de 18 años.

En la exposición de motivos presentada por la senadora ponente Doris Quiroz, de Opción Ciudadana, ante la plenaria del Senado, se argumentó que “de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, es capaz para obligarse la persona mayor de 18 años y son capaces relativos los mayores de 14 años. Bajo esos supuestos, los menores adultos entre 14 y 18 años solo serían capaces para contraer ciertas obligaciones, y serían nulos sus demás actos”.

Tras señalar que los menores de edad no pueden ser vinculados libremente a la vida laboral, ni son aptos para votar, la ponencia precisó que “pierde todo fundamento que se autorice a menores de edad para contraer matrimonio, cuando no pueden vincularse a la vida laboral, ejercer sus derechos como ciudadanos ni obligarse”.

“De acuerdo con la Unicef, el matrimonio infantil se define como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años, y es una realidad para los niños que afecta de manera desproporcionada a las niñas, porque los padres optan por casar a sus hijas a edades tempranas por varios motivos. Por ejemplo, las familias pobres consideran que las niñas son una carga económica y casarlas resulta una medida de supervivencia, otros piensan que el matrimonio a una edad temprana protege a la niña ante al peligro de sufrir agresiones sexuales, o le procura la protección de un tutor varón”, anotó la ponencia.