Congresistas y funcionarios del Gobierno habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para favorecer empresas del sector

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“Con esta investigación queda probado que los corruptos hacen fiesta con el sistema de salud en detrimento de la integridad del servicio a los colombianos”.

La declaración la entregó ayer el fiscal Néstor Humberto Martínez al anunciar la captura de cuatro personas por su presunta participación en una red de corrupción en el sector salud que, según las autoridades, permeó los entes de control para favorecer particulares.

“Uno de los temas priorizados por la Fiscalía General de la Nación es garantizar la integridad del sistema de salud de los colombianos y velar por el buen manejo de los recursos destinados para ello”, sostuvo Martínez, anotando que “el grupo de Trabajo Especial de Salud logró establecer la existencia de una presunta red delincuencial conformada por al menos cuatro personas, quienes se habrían concertado para manipular el sistema de salud valiéndose de los altos cargos que ocupaban en entidades que vigilan ese sector”.

Las cuatro personas fueron capturas en un procedimiento que el fiscal Martínez bautizó como la ‘Operación Quirófano’. Se trata de Eva Katerine Carrascal, exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional; Guillermo Enrique Grosso, exinterventor de Saludcoop y expresidente de Cafesalud; John Alexander Colmenares, administrador de varias IPS y socio de Grosso; y Javier Peña, director médico de Cajacopi EPS Barranquilla.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía permitieron determinar a través de copiosa prueba documental y más de 500 audios que para 2016 la entonces superintendente delegada Carrascal habría utilizado su cargo para favorecer a entidades promotoras de salud (EPS) y cajas de compensación, a cambio coimas recibidas mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso habría obtenido una participación accionaria en una EPS.

A través del material probatorio recopilado se pudo establecer que presuntamente Carrascal y varios exdirectivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud, además de funcionarios del Estado de las ramas Ejecutiva y Legislativa del poder público habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para supuestamente favorecer empresas del sector.

Los análisis adelantados por los investigadores demostrarían cómo durante el segundo semestre de 2016 y todo 2017, esta red habría permeado la administración de salud en Colombia mediante el acceso a información oficial privilegiada y el direccionamiento de trámites administrativos que cursaban en la Superintendencia.

Las irregularidades que se habrían cometido son: agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales; proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados; incidir en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en el ente de control favoreciendo las EPS y las cajas de compensación; facilitar el incremento de población afiliada a las EPS en distintas zonas del territorio nacional con lo que aumentaban los ingresos por compensación por parte del Estado.

Según la Fiscalía, los funcionarios de la Superintendencia de Salud tenían un catálogo de servicios que ofrecían a cambio de generosas coimas, como la agilización de los pagos de dinero adeudados a las EPS, la entrega de información sobre trámites de inspección y vigilancia de carácter financiero, manipulación de los trámites de reorganización para la toma de decisiones favoreciendo a las EPS e incremento de afiliados a las EPS para recibir más recursos del Estado.

Saludcoop

Hace ocho días, la Contraloría ordenó el embargo de bienes y cuentas bancarias de al menos 10 EPS y cinco de sus representantes legales, por presuntamente cobrar suministros, medicamentos y procedimientos médicos al Fosyga como si no estuvieran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Entre las EPS implicadas están Coomeva, Aliansalud, Famisanar, Salud Total, Sura, Saludcoop, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Cruz Blanca, Cafesalud y Sanitas.

Entre los directivos involucrados en el caso se encuentran Carlos Gustavo Palacino, antiguo presiente de Saludcoop, ya investigado por un caso similar en esa EPS; Juan Carlos Fernández, de Famisanar, y Claudia María Sterling, de Salud Total, entre otros.

El 5 de julio, luego de casi dos años de investigación, el grupo de trabajo adscrito a la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía logró confirmar la hipótesis de que Palacino habría desviado los recursos parafiscales de la administradora Saludcoop EPS para incrementar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras, activos fijos, apropiación de reservas voluntarias y gastos u operaciones económicas, sin relación con el servicio de salud, con cargo a la UPC (Unidad de Pago por Capitación).

Con la investigación, se comprobó la probable responsabilidad directa de Palacino, en favor de terceros, en la apropiación de $398.106.053.537 entre 2000 y 2004, valor que excedió los recursos propios generados en ese período y que fue destinado para sufragar inversiones y gastos que debían ser pagados por la persona jurídica y no con las rentas parafiscales.

“Hay que coger a los bandidos”

El jueves, el contralor Carlos Felipe Córdoba aseguró en el Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) que más de 8 billones de pesos anuales le está costando a la salud y educación de los colombianos la ilegalidad.

La ilegalidad por el contrabando de licor, cerveza y cigarrillo cuesta 1,6 billones de pesos, pero adicionalmente lo que cuesta la ilegalidad de juegos de suerte y azar es 1 billón de pesos, lo que da 2,6 billones de pesos.

Y si a esta cifra se le suman 5,4 billones de pesos de evasión de aportes parafiscales por año, tenemos que la ilegalidad por todos estos conceptos le está costando a la salud de los colombianos unos 8 billones de pesos, explicó Córdoba.

“Por eso, mi llamado es a coger a estos bandidos que nos están quitando la plata de la salud y de la educación”, dijo.