Las denuncias de la Contraloría General de la República basada en hallazgos fiscales por $100 mil millones en diez Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), provocaron una fuerte reacción de Asocars al rechazar las acusaciones.

En la acusación de la CGR se señala que “en el primer semestre del presente año se auditaron las Corporaciones más grandes del país, unas que manejaron recursos por casi $4 billones en 2017. Sin embargo, las irregularidades encontradas muestran una gestión deficiente, además de pobres resultados en materia de protección ambiental”.

El órgano de control también indicó que “el despilfarro y la desviación de recursos siguen caracterizando la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales. Como se desprende de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República, a diez de éstas entidades en el primer semestre del presente año, precisamente las que manejan los mayores recursos presupuestales, donde se detectaron hallazgos fiscales que superan los $100 mil millones, de los cuales $72 mil millones corresponden a la CAR Cundinamarca”.

La situación encontrada en la CAR Cundinamarca es bien preocupante: muestra una bajísima ejecución presupuestal y, además, una marcada concentración contractual. Por ejemplo, a un solo contratista se le adjudicaron 24 contratos por valor de $7.886 millones.

También se cuestionan los resultados de las cuantiosas inversiones de esta Corporación en las PTARs de los municipios de Apulo, Facatativá, Madrid y Sesquilé (Cundinamarca), que muestran problemas de estudios y diseños, obras inconclusas o con retrasos.

El río de Bogotá

La preocupación de la Contraloría se extiende al desarrollo de los contratos que se ejecutan dentro del Megaproyecto Río Bogotá y a las anomalías que se están presentando en la aplicación de los recursos ambientales, como se amplía con detalle más adelante.

En el Concejo de Bogotá, el concejal Diego Molano advirtió que no se puede citar al Director de la CAR de Bogotá y Cundinamarca pero lo que sí se puede es hacer un debate de control político para escuchar sus explicaciones sobre el informe de la Contraloría.

Por su parte, el concejal independiente Juan Carlos Flores afirmo que “Bogotá es el principal aportante de la CAR, pero por ley solo tiene un puesto, y no tiene cómo hacerle seguimiento al uso de los recursos”.

Por eso se verán atrasos en la descontaminación del río Bogotá y en la construcción de la PTAR del Salitre.

El concejal Manuel Sarmiento también cuestionó las labores de las Corporaciones Autónomas Regionales: “La CAR no es organismo autónomo y está al bolsillo de los politiqueros de turno”. Esto le quitaría la credibilidad a la CAR, y se necesitaría hacer una reforma en la conformación de esta.

El concejal Molano expresó que según la ley 99 “los bogotanos que aportan al predial, apoyarán las corporaciones ambientales para el desarrollo sostenible y descontaminación de ríos”. Pero asimismo se requiere una reforma al uso y manejo de los recursos que aportan las entidades territoriales.

En el caso de otras Corporaciones auditadas por la CGR, se hacen observaciones a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) por invertir en el sistema financiero los billonarios recursos que se le entregaron hace algunos años para adelantar la ejecución de los proyectos ambientales y el tratamiento del Río Cauca; y se señalan irregularidades detectadas en Cortolima, Corpocesar, la CRC y la Carder.

En las auditorías adelantadas durante el primer semestre del año en curso, la Contraloría encontró deficiencias en el manejo de los recursos públicos por parte de estas Corporaciones, que ponen en alerta al organismo de control fiscal frente a los inminentes riesgos que afrontan de manera permanente los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades, pues el despilfarro y la desviación de recursos no permiten inversiones efectivas.

Indica que las CAR tienen una naturaleza jurídica sui generis, por lo que solo se les aplican determinadas disposiciones administrativas y, aunque la CGR ejerce sus labores de control frente a las mismas, cuentan con alto nivel de discrecionalidad en la toma de sus decisiones.

La Contraloría estima que la autonomía de las Corporaciones puede verse afectada, pues los miembros de sus Consejos Directivos son los Alcaldes y Gobernadores de la jurisdicción, quienes también eligen a los directores generales, pudiendo verse afectada la función sancionatoria que tienen en sus jurisdicciones a quienes realicen actividades que afecten el medio ambiente.

Las reacciones

Por su parte Asocars señaló “como inadecuado e inexacto” la descalificación de las CAR, por parte de la Contraloría General de la República.

“Reconocemos que somos sujeto de control de la Contraloría General de la República, pero son afirmaciones graves, con las cuales no podemos estar de acuerdo. En el comunicado es evidente la intencionalidad de descalificar y desinformar sobre las Corporaciones, con afirmaciones que empañan la buena gestión que adelantan en sus regiones, lo que hace mucho daño y deslegitima ante la opinión pública a las CAR. Sin desconocer la complejidad en que desarrollan su gestión, las CAR son las entidades ambientales que más logros y acciones ambientales regionales reportan al país, porque son las que implementan las políticas ambientales, están y actúan en el territorio”, dijo Ramón Leal Leal, director ejecutivo de Asocars.

Indica que “estos hallazgos señalan la presunción más no la certeza de una falta, y que para desvirtuarla ya sea fiscal, disciplinaria, penal o administrativa, una vez recibido el informe las CAR tienen la oportunidad de demostrar que han realizado un trabajo ajustado a la normatividad vigente. Las CAR seguirán cumpliendo con su labor misional de protección del medio ambiente y prestas a suscribir los planes de mejoramiento.

Indican que “es inexacto decir que 10 CAR manejaron recursos por casi $4 billones en 2017, cuando en total las 33 CAR alcanzan 2.5 billones de los cuales más del 50% tienen una destinación específica”.

La ejecución de recursos de las CAR se ajusta a las políticas ambientales y normatividad aplicable, y parten de realizar su principal función misional de máximas autoridades en sus jurisdicciones. Actúan en contratación y compras cumpliendo además de la Ley 80, con el Secop y demás iniciativas gubernamentales de transparencia.

Autonomía

Señala el comunicado que “la autonomía de las Corporaciones puede verse afectada, pues los miembros de sus Consejos Directivos son los Alcaldes y Gobernadores de la jurisdicción, quienes también eligen a los directores generales, pudiendo verse afectada la función sancionatoria que tienen en sus jurisdicciones a quienes realicen actividades que afecten el medio ambiente”, se informa que los alcaldes y gobernadores no son quienes exclusivamente eligen a los directores, ya que también hacen parte de este órgano de dirección representantes del presidente de la República, del ministro, sectores productivos, representantes de comunidades negras e indígenas, y demás actores regionales.