La Asociación Colombiana del GLP (Gasnova) expresó su preocupación por la exclusión de los recursos necesarios para los subsidios al gas licuado de petróleo en el Presupuesto General de la Nación para 2024. Esta omisión afectaría a más de un millón de personas pertenecientes a los estratos 1 y 2, quienes dejarían de recibir este apoyo entre agosto y diciembre del próximo año.
Alejandro Martínez Villegas, presidente de Gasnova, destacó que la falta de inclusión de estos fondos pone en riesgo la continuidad de un apoyo vital para las familias más vulnerables en departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas. Según el dirigente, "es preocupante que estos recursos no se incluyeran en el presupuesto", lo que podría agravar la situación económica de los hogares más pobres en estas regiones.
La eliminación de estos subsidios no solo impactaría a las familias directamente afectadas, sino que también podría incrementar la pobreza energética en estas áreas, donde el acceso a fuentes de energía asequibles es crucial para el bienestar y desarrollo de las comunidades.
De acuerdo con la denuncia de la senadora Paloma Valencia, "Estamos perdiendo la soberanía energética en GLP", afirmó, recordando que 2016 fue el último año en que Colombia exportó GLP, con un total de 47 mil toneladas. Desde entonces, la producción ha estado destinada al consumo local y ha comenzado a importarse, alcanzando en 2023 una cifra cercana a las 44 mil toneladas.
Según cifras reveladas por Valencia, en 2023 hubo 699 mil hogares beneficiados de estratos 1 y 2 en siete departamentos de Colombia del subsidio de GLP. Esta ayuda beneficia a personas de bajos recursos para un consumo de subsistencia de 14.6 kg al mes para el consumo de gas en cilindros. "Por ejemplo, en Nariño estarían en riesgo de perder el subsidio 446 mil hogares; y en San Andrés y Providencia 13.445 hogares", señaló.
Sin este apoyo, muchas familias se verían forzadas a regresar al uso de leña para cocinar, lo que no solo incrementaría su carga económica sino que también representa un grave riesgo para la salud pública, especialmente para mujeres y niños expuestos a enfermedades respiratorias.