Aunque no se ha cuantificado en su totalidad el dinero que obtuvo la guerrilla de las Farc por la práctica del secuestro extorsivo, una estimación oficial habla que recaudó un total de $3’625.608’297.250 (tres billones seiscientos veinticinco mil seiscientos ocho mil millones, doscientos noventa y siete mil doscientos cincuenta pesos).

Así lo consigna la Fiscalía en los primeros informes que entregó ayer a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) sobre investigaciones por conductas cometidas por esta organización y agentes del Estado con ocasión del conflicto armado. 

“La magnitud económica que pudo haber representado este fenómeno criminal para las finanzas del grupo guerrillero no se ha cuantificado en su totalidad. De hecho, muchos de los procesos penales no suelen reportar esta información, y ni siquiera se sabe si los familiares realizaron algún pago”, explica el organismo en estos informes que servirán a la JEP para aplicar justicia transicional a los cerca de 8.000 personas, entre exguerrilleros de las Farc, integrantes de la Fuerza Pública y civiles que hasta el momento se han presentado ante esta jurisdicción.

Según el fiscal general Néstor Martínez, el informe sobre secuestros “retrata una de las violaciones de derechos fundamentales más cruel e inhumana que tuvo lugar en el marco del conflicto armado de nuestro país. La retención ilegal y extorsiva de personas fue recurrente a través de los años, y siguió unos lineamientos explícitos de las Farc-EP para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política. Fue un crimen que afectó de manera indistinta a hombres y mujeres inermes, ricos y pobres, campesinos e industriales, jóvenes y viejos, poderosos y débiles”.

En cuanto a las investigaciones la Fiscalía cuenta con 6.162 atribuibles a las Farc por estos hechos, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados. Con respecto al sexo de las víctimas, 1.817 (22%) fueron mujeres y 5.933 (73%) hombres.

Los 10 departamentos que concentran el 75% de investigaciones por retención de personas son: Antioquia, Meta, Bolívar, Córdoba, Cesar, Cundinamarca, Caquetá, Tolima, Norte de Santander y Chocó. Antioquia fue el más afectado con un 30% de las investigaciones.

La información consolidada que posee la Fiscalía frente a las víctimas concluye que el grupo más afectado fue la población campesina con el 24,87%; seguido de medianos empresarios, 18,34%; comerciantes, 13,80%; aspirantes y funcionarios de cargos públicos, 12,43%, Fuerza Pública, 8,43%.

Respecto a la judicialización la Fiscalía estableció 275 sentencias condenatorias proferidas contra 614 personas, incluyendo miembros del Estado Mayor Central  y del Secretariado de las Farc.

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Violación a DD.HH

El primero de los informes se centra en el universo de casos que tiene la Fiscalía acerca de graves violaciones a los derechos humanos, registrados en la Jurisdicción Penal Ordinaria, el régimen especial de Justicia y Paz, así como los procesos de extinción de dominio, tomando como fecha de corte abril de 2018.

Los registros de los investigadores dan cuenta de 223.282 casos identificados (100%), que corresponden, a su vez, a 280.471 indiciados y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

De estos hechos, 52.220 corresponden a la extinta guerrilla de las Farc (23,4%); la Fuerza Pública, que llegan a 13.934 casos (6,2%); 10.164 investigaciones al Eln; 55.768 de las desmovilizadas Autodefensas de Colombia (Auc); 3.324 de otras guerrillas; 13.934 de agentes del Estado combatientes y 87.872 sin grupo identificado.

Un tercer informe entregado por la Fiscalía tiene que ver con el genocidio de la militancia de la Unión Patriótica. Se tienen documentados 863 procesos en los que se identificó alguna relación entre los hechos delictivos y la militancia de esta colectividad. Estos procesos registran 1.620 víctimas por las cuales hay 277 agentes del Estado vinculados como presuntos responsables.

Los registros muestran que el fenómeno se dio en, por lo menos, 27 departamentos y que la mayoría (59,9%) de los casos se concentraron en Antioquia, Meta y Santander. Pero también se cuenta con registros de victimización en Bolívar, Cesar, Chocó y Tolima. En el caso concreto de Bogotá, se identificó que los hechos se concentraron en contra de los dirigentes políticos nacionales, hasta candidatos a la Presidencia de la República (5,2%).

De otra parte ayer el ministro de Justicia, Enrique Gil, reveló que pidieron realizar un nuevo examen médico a Jesús Santrich para determinar  si puede ser trasladado de una fundación de la iglesia católica a la cárcel.

“He solicitado una evaluación médica de Medicina Legal y, conforme a la evaluación que se estaba realizando, tengo entendido que el día de hoy (ayer), ya se tomarán las determinaciones pertinentes. Primero hay que hacer una evaluación médica, y de acuerdo con eso vamos a proceder”, explicó.