COMO PARTE de las políticas sociales del Gobierno, se adelanta un proceso de restitución de tierras en el departamento de La Guajira, se trata de una iniciativa a través de la cual La Unidad de Restitución de Tierras (URT) devolverá un total de 1.636 hectáreas a la comunidad indígena de Tugeka, perteneciente al pueblo Kogui, en el municipio de Dibulla, La Guajira.
Según se advierte por parte del Estado, esta entrega hace parte de la tarea de restituir territorios ancestrales afectados por el conflicto armado, cuando se registraron enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales ilegales y la Fuerza Pública en municipios ocupados por grupos indígenas. La iniciativa permite resarcir el daño causado en medio de la guerra.
Al respecto, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), explica que, con este acto a nivel social, completa la intervención de 69 territorios indígenas en ocho departamentos a lo largo de 2024, beneficiando a 13.836 familias indígenas. La Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) ha trabajado para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades, promoviendo la recuperación de su identidad cultural y territorial.
Entre los departamentos beneficiados por estas restituciones se encuentran Antioquia, con nueve territorios; Cauca y Putumayo, con ocho cada uno; y Nariño, Tolima, Guaviare, La Guajira, Vichada, Meta, Valle del Cauca y Chocó, con intervenciones territoriales.
Comunidad se beneficia
Acxan Duque Gámez, director de Asuntos Étnicos de la URT, dijo que “este año hemos restituido 14.334 hectáreas al Resguardo Indígena Cañón del Río Garrapatas, beneficiando a 230 familias. Este es solo uno de los muchos ejemplos de las acciones emprendidas para garantizar la protección de los pueblos indígenas”.
En paralelo, la URT ha fortalecido el trabajo en resguardos de pueblos ancestrales como los Nasa, Kofán, Kichwa, Embera Chamí, Embera Katío y Tikuna, entre otros. Además, se han realizado 19 jornadas de socialización en las comunidades, donde se brinda información sobre sus derechos y los procesos de restitución.
Durante el 2024, también se radicaron nueve demandas dentro del marco jurídico de restitución de derechos étnico-territoriales, avanzando en la protección de las comunidades indígenas que han sido gravemente afectadas por la violencia en Colombia.
Entrega de tierras tras acuerdo de paz
Recientemente, la Defensoría del Pueblo publicó un informe de cómo va el proceso de entrega de tierras a comunidades afectadas por el conflicto armado, y que quedaron incluidas en el acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc, y el Gobierno de ese entonces encabezado por Juan Manuel Santos.
Aparte de ese informe, señaló que “en lo que tiene que ver con tierras, subsiste la falta de claridad en las cifras, pues hay una enorme disparidad en la información que se entrega sobre un mismo punto y no se avanza en la caracterización de los predios para facilitar su adjudicación. De 21.132 predios ingresados, solamente el 37,84% ha sido adjudicado. De más de 1500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), tan solo han sido adquiridos 26”.
De igual manera, se agregó que “adicionalmente, la ruta étnica en materia de restitución de tierras no presenta mayores avances. En la ruta individual, 2.730 solicitudes inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda, y hay 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80% corresponde a adultos mayores, quienes esperan la aplicación del Decreto 1623 de 2023, el cual facilita la continuidad del trámite”.
Posteriormente, la Defensoría del Pueblo añadió que “al primero de enero del 2024 fue reportado el 12,40% del área geográfica del país con información actualizada con catastro multipropósito. En términos reales, el avance durante la vigencia 2022-2024 es de tan solo el 3%. En lo que refiere al Plan de Zonificación, presenta un avance del 6,35%, siendo el más bajo en comparación con los otros 15 planes”.
Según lo evidenciado por el organismo humanitario “se requiere el robustecimiento de la arquitectura institucional, con una cabeza autónoma que lidere y emita directrices y líneas de política pública; así mismo, es necesario actualizar y mantener actualizado el estado del avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI); igualmente, registrar periódicamente la información presupuestal mediante el trazador previsto en el Plan Nacional de Desarrollo”.
Adicionalmente, la Defensoría indicó que “en materia de PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), el avance durante el periodo analizado (con corte al 31 de abril del 2024) es del 1% en comparación con lo reportado por la Defensoría en su informe anterior para 2023, en el que se indica un porcentaje de avance del 44% (15.545 iniciativas de las 33.007 pactadas en los patrones establecidos)”.