
Un hacinamiento del 167,4% reportan, a la fecha, las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad, al albergar 3.281 personas privadas de la libertad, cuando su capacidad máxima es para 1.227. Para en marzo de este año dicho porcentaje llegaba al 150,29%.
Según las cifras que revela la Personería de Bogot, con corte a 8 de julio, las estaciones de Policía reportan una sobreocupación del 212%. Bosa, en particular, alberga hoy 253 personas, pero solo tiene capacidad para 35, es decir, registra un hacinamiento del 623%.
En la estación de Policía de Kennedy, por ejemplo, permanecen hoy 395 personas privadas de la libertad, cuando su capacidad máxima es para 60, es decir, presenta un hacinamiento del 558%. Y en Usaquén, este porcentaje llega al 490% (alberga 59 personas y hay cupo solo para 10).
Por su parte, Usme tiene una sobreocupación del 405%; San Cristóbal, del 374%; Ciudad Bolívar, del 345%; Terminal, del 320%; Rafael Uribe Uribe, del 270% y Candelaria, del 257%
Del total de personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y URI, 536 son extranjeras, 75 de ellas con sentencia condenatoria. En las URI hay una sobreocupación del 64%. El Ministerio Público Distrital identificó 588 personas condenadas que aún permanecen en estos lugares, algunas de ellas llevan casi cuatro años, cuando deberían estar en centros penitenciarios. Además, hay 43 con detención domiciliaria.
Andrés Castro Franco, Personero de Bogotá, ha instado a tomar acciones inmediatas para resolver el problema de hacinamiento en estos centros de detención transitorios. Esta petición se enmarca en la necesidad urgente de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Este martes, el órgano de control realizó una jornada de asistencia y orientación jurídica en la Estación de Policía Kennedy, con el objetivo de evaluar la materialización de una serie de mecanismos de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, tales como acciones de tutela y derechos de petición.