La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, por presuntas irregularidades en el registro de familias vulnerables atendidas por el Programa Mi Familia, en el departamento de Nariño.

El órgano de control indaga si se registraron datos falsos respecto al número de hogares atendidos en desarrollo del contrato, el cual fue firmado con la Unión Temporal Mi Familia por 8.399 millones de pesos, con el objeto de visitar periódicamente a 3.930 familias en 16 municipios para prevenir el maltrato infantil.    

Con la apertura de la indagación, el órgano de control busca identificar a los posibles autores del hecho y determinar si es procedente iniciar investigación disciplinaria por una aparente apropiación de dineros del departamento.   

Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó al ICBF copia del contrato firmado, así como de las acciones ejecutadas durante la etapa precontractual, la firma, ejecución y liquidación. Igualmente requirió información sobre las sanciones que por ese hecho habría adoptado la entidad contra la UT.