En la Comisión Primera de la Cámara se llevó a cabo una audiencia pública sobre las denuncias y anomalías frente al Código de Policía.

El general Omar Rubiano Castro, director de la Unidad Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, dijo que lo que viene realizando la institución es construyendo de manera local y regional la normatividad. “Muchas de las preguntas que hoy nos hacen tienen que ver con las multas y debo decir que la policía no administra”, sostuvo.

De acuerdo con el General Rubiano Castro, las principales conductas corresponden a hechos de intolerancia. “Las discusiones entre vecinos, las peleas entre vecinos nos están generando el 35% de los homicidios en el país, por lo tanto ese es el principal objetivo en términos de lo que es la prevención de la seguridad ciudadana”, explicó el oficial.

El alto oficial señaló que las principales conductas cometidas por los ciudadanos sancionados son, en su orden, el consumo de bebidas embriagantes en vía pública, el porte ilegal de armas, la agresión a la autoridad, las riñas entre vecinos y el consumo de sustancias psicoactivas en lugares prohibidos.

Por ciudades, donde más se han cometido infracciones son Bogotá, Barranquilla, Cali y Pasto. Cada hora en el país se cometen 50 violaciones al Código Nacional de Policía, reveló el director de Seguridad Ciudadana de la Institución. Quiere decir que en el primer año de entrada en vigencia de esta norma, hasta la fecha se han cometido 439.671 infracciones, que llevaba más de tres décadas sin ser actualizada.

Mientras que distintos representantes a la Cámara y diversos sectores sociales refrendaron sus reparos frente al conjunto de normas que cumplió un año de vigencia, la Policía Nacional defendió las bondades de la novedosa legislación.

“El nuevo Código no ha mejorado el tema de la seguridad y la convivencia. Las cifras registran aumento en el robo a personas en el 2017 con 62.000 casos; los celulares robados en el mismo año llegan a más de 30.000; las bicicletas hurtadas fueron 3.132 y se denunciaron 9.000 extralimitaciones policiales”, explicó el representante Alirio Uribe.

A su juicio, todo ello demuestra que “no hubo suficiente capacitación sobre el Código de Policía y se han cometido demasiados abusos por parte de la Policía porque no incluye controles para los uniformados”.

En ese mismo sentido se pronunció la también representante Ángela Robledo, quien dijo que “este balance nos deja un sabor muy amargo, pues el Código fue expedido con una racionalidad militar de control represivo, que no es verdad que tiene una dimensión preventiva para resolver los problemas”.

“Este país necesitaba un nuevo Código de Policía que fuera expedido desde la racionalidad de la Constitución del 91, que pusiera en el centro a la ciudadanía y sus derechos humanos”, anotó la congresista.

También resaltó que “con este Código en Bogotá, en especial para quienes viven en la calle, se convirtió en un dispositivo de violencia de sus derechos humanos”.

Para el coronel de la policía Raúl Vera, el nuevo Código en aplicación ha sido una herramienta útil que ayuda a salvar vidas y a disminuir los lesionados por riñas, con los que se redujeron gastos aproximados a los $5.000 millones.

El oficial insistió en que “el Código no es para los uniformados y si todos los ciudadanos lo apropiaran y lo cumplieran tendríamos un mejor país”. Vera dijo que el Código no remplaza las políticas públicas y reportó que gracias a las nuevas normas los homicidios se redujeron en un 7%, así como los lesionados, al tiempo que reiteró que su Institución reprocha los abusos policiales y emplazó a los ciudadanos a denunciarlos.  

Más opiniones

Durante el Foro, César Giraldo, docente de la Universidad Nacional, sostuvo que el problema no es el Código sino que algunos policías “están pagados por la criminalidad”.

Flor María Hernández, delegada de los vendedores ambulantes, resaltó que las normas que aplican los policías dejan claro que hay que recuperar el espacio público, pero no que se debe proteger a los ciudadanos.

De acuerdo con Angie Macías, vocera comunal, el Código no ha servido porque no fomenta convivencia ni el trato respetuoso, pero sí el miedo, la represión y el miedo.

Jorge Abril de la Comisión Colombiana de Juristas, destacó que con el nuevo Código se están violando los derechos de las mujeres en estado de prostitución y que lo que hay que hacer es rescatar las medidas que son útiles y convenientes.

En opinión de Fray Gabriel Gutiérrez, de la orden Franciscana y permanente gestor social con los habitantes de calle, lo que se tiene que hacer frente a la aplicación del Código es humanizar los procesos para no caer en abusos con la población de calle. El religioso insistió en que el trabajo de las autoridades debe humanizarse no solo en Bogotá con aproximadamente 80.000 habitantes de calle sino con los más de 120.000 que hay en todo el territorio nacional.