Se inició en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) la etapa de reconocimiento de la verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas que tienen que ver con los casos de ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales antes del 1° de diciembre de 2016, que se adjudican a cientos de militares en el marco del conflicto armado.
Por medio del Auto 005 del 17 de julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de la JEP, decidió avocar conocimiento del Caso No. 003, a partir del Informe No. 5 presentado hace algunas semanas por la Fiscalía General de la Nación, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
En consecuencia, la JEP decretó abierta la etapa de reconocimiento de la verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas respecto de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Para estos efectos dará inicio al llamado a versiones voluntarias correspondientes.
Para esto último fue requerida la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para que remita a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, los expedientes que tenga en su poder relacionados con comparecientes que hubieran pertenecido a las divisiones Primera, Segunda, Cuarta, y Séptima del Ejército Nacional.
El pasado 16 de julio la Fiscalía entregó dos nuevos informes a la JEP, en los que se detallan dos ejes de investigación relacionados con conductas cometidas durante el conflicto armado.
Con esta segunda entrega, son cinco los informes que quedan a consideración de la JEP para que avance en los asuntos de su competencia. El primero fue el inventario de casos relacionados con el conflicto armado; el segundo correspondía a las investigaciones que se adelantan por las ‘retenciones’ ilegales por parte de las Farc y el tercero corresponde a la victimización a miembros de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado.
En el caso de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por Agentes del Estado, el ente acusador indicó que “ha identificado un total de 2.248 víctimas que se presentaron entre 1988 y 2014, siendo el período con mayor victimización los años comprendidos entre 2006 y 2008 con el 59,3% de los casos. En los registros se estableció que 5.626 personas han sido procesadas, de los cuales 3.826 (68%) eran soldados en el momento en que ocurrieron los hechos. Asimismo, se vincularon por estos hechos a 992 (17,6%) suboficiales, 514 (9,1%) oficiales y 133 (2,4%) civiles”.
La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años, quienes se dedicaban a las labores de campo y trabajos informales en la ciudad.
#JEPenMarcha: La Sala de Reconocimiento de la JEP abre el #Caso003. https://t.co/jdrt8khZGC
— JEP (@JurisdiccPaz) 23 de julio de 2018
General (r) Montoya
La semana pasada el general (r) Mario Montoya Uribe firmó el formato de sometimiento a la JEP y queda a la espera de que le sea aceptada. Se trata del oficial (r) de mayor graduación en presentarse, pues unos días antes, el mayor general (r) Henry Torres Escalante hizo una similar solicitud.
Montoya fue uno de los militares más importantes en el segundo mandato del entonces presidente Álvaro Uribe, cuando le correspondió dirigir la ofensiva de las Fuerzas Armadas principalmente contra las guerrillas de las Farc y el Eln, y participó en la operación Fénix en 2008 contra un campamento de las Farc ubicado en territorio ecuatoriano, donde fue abatido el número dos de esa organización, alias ‘Raúl Reyes’; y la operación Jaque, ejecutada también en 2008, con la cual arrebataron quince secuestrados a las Farc entre civiles y militares, incluyendo a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.
Pero durante el paso del general Montoya por la comandancia del Ejército, también se produjo uno de los hechos más oscuros en las Fuerzas Armadas, conocido como los ‘falsos positivos’, pues cerca de 5.000 personas que fueron reportadas por el Ejército como bajas de guerrilleros en combate, resultaron ser campesinos.
El general (r) Montoya es investigado por casos de falsos positivos, por la cual fue cobijado con orden de captura en 2016 por parte de la Fiscalía. En ese entonces, el general Montoya fue llamado para imputación de cargos por otros casos cometidos entre 2006 y 2007.
No obstante el abogado del oficial retirado indicó que éste se presentará ante la JEP para comprobar su inocencia, porque se reafirma en que nada tiene que ver en estos hechos.
El abogado Andrés Garzón explicó que “iremos ante nuestro juez natural a solicitarle que nos dispense justicia, demostrando que no hay conexión entre los denominados ‘falsos positivos’ y el general Montoya”.