El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, y el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Rojas Castro, presentaron la nueva política de Justicia Juvenil Restaurativa que busca proteger a los jóvenes del delito y garantizar que existan procesos de justicia.
Desde Barranquilla, en el marco de la celebración de los 50 años de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica, el alto funcionario destacó que, por primera vez, Colombia cuenta con una Política Pública como esta.
Esta nueva ley fue aprobada en diciembre de 2021 por las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa) y da cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Esta política se desarrolló de manera conjunta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y busca proteger a los jóvenes del delito y garantizar que existan procesos de justicia restaurativa que les permitan a quienes en algún momento han cometido un delito, resarcir a las comunidades y personas afectadas y formular un proyecto de vida en legalidad junto con sus familias.
Así las cosas, la normativa resulta vital para proteger a los jóvenes y evitar futuras reincidencias en la edad adulta.
“De esta manera fortalecemos la política criminal del Estado desde un enfoque integral y combatimos la impunidad con un tipo de justicia que aborda las causas del delito y desarrolla mecanismos efectivos para dar cumplimiento a la finalidad restaurativa del proceso y de las sanciones que se imponen a los adolescentes en conflicto con la ley penal, promoviendo el restablecimiento de los vínculos sociales afectados y la garantía de los derechos de las víctimas de los delitos", aseguró el viceministro Camilo Rojas.
El funcionario también recordó que el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes -creado para la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas de entre 14 y 18 años- está orientado por los principios de protección integral e interés superior del niño, y garantiza la justicia restaurativa, la verdad y la reparación a las víctimas.
Por último, en un conversatorio en el que participaron jóvenes y adolescentes, Rojas Castro explicó los beneficios de la nueva política y por qué es importante que el Estado enfoque sus esfuerzos en la Justicia Juvenil Restaurativa.
Por su parte, Lina María Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), manifestó que la única forma de lograr transformaciones en la sociedad es trabajando en equipo.
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Esta política se convierte para muchos de los jóvenes en una primera oportunidad, en una herramienta que consolida las oportunidades desde la responsabilidad, la reconciliación y la reparación, con el tejido social como prioridad. La oferta institucional se robustece, es un logro del presidente Iván Duque y se configura como el camino para cortar con las amenazas de reincidir en la delincuencia", afirmó.
Qué dice la política pública
Según la política pública, la responsabilidad de la protección de los adolescentes que ingresan al sistema debe ser compartida entre la familia, la sociedad y el Estado en los diferentes sectores y entidades, tanto a nivel nacional como territorial, de manera que cualquier persona pueda exigir a la autoridad competente su cumplimiento y sanción frente a una infracción.
El principio de corresponsabilidad se encuentra consagrado en nuestro país en el artículo 44 de la Constitución Política, en donde se establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
En idéntico sentido, el artículo 10 del Código de la Infancia y de la Adolescencia especifica que se entiende por corresponsabilidad la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En tal virtud, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección, lo cual también se aplica en la relación que se establece entre los sectores e instituciones del Estado.
De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, la protección integral es el principio rector que establece el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.