Aplazado quedó el interrogatorio de Nicolás Petro programado para este martes con la Fiscalía.  El exdiputado del Atlántico envió una carta para excusar su inasistencia alegando la necesidad de atender obligaciones familiares derivadas del reciente nacimiento de su hijo.

Esta citación formaba parte del proceso de principio de oportunidad, que el hijo del presidente Gustavo Petro indicó que firmaría como parte de su colaboración con la justicia.

Es importante mencionar que Petro Burgos fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Nicolás Petro estaba citado para ser entrevistado por el fiscal Mario Burgos. La diligencia requería su presencia para continuar con su declaración en relación con presuntos fondos irregulares destinados a la campaña presidencial en la Costa.

La decisión del exdiputado de aplazar su comparecencia ha generado un debate sobre si su excusa es legítima, considerando la importancia de la investigación en curso. La Fiscalía General de la Nación aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la solicitud de postergación.

Por otro lado, la exposa de Petro Burgos, Day Vásquez, también imputada y relacionada con el caso sí acudió a la citación de la Fiscalía y firmó el principio de oportunidad.

La investigación

Los peritos fiscales, contables y financieros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) al realizar estudio de declaraciones de renta, certificados de pagos neto de la Asamblea del Atlántico, extractos bancarios y revisión de otros documentos públicos, advirtieron un desbalance de ingresos y gastos realizados por Petro Burgos. Lo que significaría que tuvo un aumento de su capital de manera injustificada como servidor público.

Es así, que para el 2022 los ingresos por la actividad profesional del hoy investigado, como diputado de la Asamblea del Atlántico, y reportados en su cuenta de ahorro, eran de 280 millones de pesos y no se tiene registro de otra actividad que represente un recurso adicional, pero se tiene que los gastos reportados alcanzan los 1.205 millones de pesos, por lo tanto, existe un incremento patrimonial injustificado por 1.053 millones de pesos.

El dinero que se considera enriquecimiento ilícito habría sido invertido por la pareja en el pago mensual del arriendo de un apartamento y una casa; la compra de un apartamento y de una mansión en un municipio del Atlántico; la compra de un vehículo último modelo, y de artículos de lujo de marcas internacionales. El material probatorio da cuenta que algunos de estos bienes fueron puestos a nombre de terceros para ocultar al verdadero titular.