El Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó que el pasado 10 de diciembre fue objeto de una inspección por parte de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia. En un comunicado oficial, la entidad afirmó:
“El 10 de diciembre recibió una inspección solicitada por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia. La visita fue atendida por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de sus diferentes equipos de trabajo. Tras la inspección, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entregó a los delegados los elementos que fueron solicitados por ellos”.
Comunicado:
El #MinHacienda informa que el 10 de diciembre recibió una inspección de la Sala Especial de la @CorteSupremaJ. La visita fue atendida por nuestros equipos y se entregaron los elementos requeridos. Reiteramos nuestro compromiso con los entes de control y sus solicitudes. pic.twitter.com/25tRALNnzS
— MinHacienda (@MinHacienda) December 11, 2024
La diligencia está relacionada con la investigación formal sobre el presunto direccionamiento de contratos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un escándalo que involucra al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y varios congresistas.
Inspecciones adicionales y hallazgos preliminares
En paralelo, el 11 de diciembre se llevaron a cabo allanamientos en la vivienda y oficina de Andrea Ramírez, exfuncionaria del Ministerio de Hacienda, quien ha sido señalada como enlace entre la cartera y el Congreso. Según información revelada por el diario El Tiempo, las autoridades incautaron un computador como posible material probatorio.
Estas diligencias fueron ordenadas tras las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla, quien aseguró que Ramírez estaba al tanto de contratos millonarios destinados a congresistas. En su testimonio, Benavides afirmó que dichos contratos buscaban asegurar la aprobación de créditos internacionales.
“Yo le decía al ministro: ‘Esto me dice el Congreso de la República’. Y él respondía: ‘Hazlo’”, expresó Benavides en declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación, según audios revelados por Semana.
Implicados
La investigación también incluye a los congresistas Karen Manrique, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Los parlamentarios son señalados de haber participado en el direccionamiento de contratos por 92.000 millones de pesos a municipios específicos, como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
El presidente Gustavo Petro defendió al exministro Bonilla, calificando las acusaciones como “injustas” y criticando la práctica histórica de los llamados cupos indicativos. En su cuenta de X, Petro expresó: “Los llamados cupos indicativos, que yo mismo denuncié en el Congreso, no solo son un delito, sino que son el mismísimo sistema político de Colombia”.
Medidas de protección
Tras su testimonio, María Alejandra Benavides denunció haber recibido amenazas, lo que llevó a su equipo legal a solicitar medidas de protección adicionales para ella y su familia. En un comunicado, su abogado Jaime López manifestó:“Se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las medidas de protección de mi representada y sus familiares, considerando las amenazas recibidas contra su integridad personal relacionadas con el proceso en curso”.