LUEGO DE que el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, ordenara una Actuación Especial de Fiscalización en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), ante denuncias recibidas sobre irregularidades que estarían cometiendo algunos operadores del servicio público de aseo en la instalación y mantenimiento de contenedores de basura en barrios o vías públicas, y los cuales deben ser plenamente controlados por la institución; la Unidad afirmó que el sistema de contenerización de residuos implantado en el año 2018 fue financiado por las empresas prestadoras del servicio de aseo y tenía como propósito mejorar la calidad del servicio.
En este caso, las denuncias recibidas por la Contraloría de Bogotá (de concejales y veedores) hacen referencia a mala calidad de los contenedores e incumplimiento en la instalación y mantenimiento por parte de algunos operadores de aseo, dando como resultado la acumulación de basuras, proliferación de roedores y la aparición de nuevos focos de contaminación que afectan y deterioran la armonía del espacio público, lo que a su vez pone en riesgo la salud de las personas.
“La contenerización de residuos para su recolección es una estrategia que bien manejada debería contribuir a la mejora en el servicio de aseo y exige no solamente tener el contenedor en buen estado, sino un sistema y ruta especial para su recolección con vehículos especializados para el cargue lateral. Sin embargo, cuando no hay suficiente apropiación de la comunidad se pueden convertir en un problema mayor”, argumentó la Uaesp en cabeza de la directora Consuelo Ordoñez.
Al respecto, el contralor calificó como desafortunado y lamentable que la respuesta de la Uaesp a una indagación de la Contraloría sobre posibles fallas en sus obligaciones, termine haciendo referencia a la falta de cultura ciudadana de los usuarios y a las malas prácticas de los recicladores.
“Desde el órgano de control se está verificando si se han cumplido o no por parte de sus contratistas las obligaciones en cuanto al mantenimiento de los contenedores y a su reemplazo en caso de requerirse, y a las posibles fallas en el control de tutela y en la supervisión que debe efectuar la Unidad tanto a contratista como a interventor. No puedo adelantarme a los resultados de la investigación, pero sí puedo sostener que nunca se afirmó por parte de la Contraloría de Bogotá que los recursos relacionados con el funcionamiento de los contenedores hayan salido de la Uaesp, contrario a lo que dice su Directora”, aseveró Ruiz.
En ese sentido, el contralor recordó que los daños al patrimonio público también se producen cuando el Estado no recibe lo que contrata y por omisiones en el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
Instalación y operación
Sobre las preguntas de la Contraloría Distrital, la Uaesp afirmó que los costos de instalación y operación no fueron asumidos por el Distrito, sino por los operadores de las ASE como criterios de calidad al momento de adjudicarse la licitación y que en esta administración no se ha realizado ninguna adición de contenedores.
“Por el contrario, culminada la revisión del inventario de contenedores de tapa blanca, requerimos a la interventoría un informe detallado sobre el estado de los contenedores de residuos no aprovechables. Los contenedores que adquirieron los operadores para la ubicación separada de materiales aprovechables (tapa blanca) no pudieron mantenerse en el espacio público por la oposición de los recicladores y se entregaron en distintas instituciones o unidades residenciales para su ubicación interna. Sobre estos, la Uaesp realizó una detallada revisión de campo cuyo informe fue presentado el pasado mes de enero y los operadores se encuentran validando su ubicación”, argumentaron.
Por último, el contralor puntualizó que no es afortunado y llama a errores que la directora de la Uaesp trate de dejar la percepción de que las obligaciones cuestionadas son exclusivas de la interventoría y que desde la Uaesp no se debe asumir la responsabilidad.
“Si ello fuera así, en todas las obras públicas, que en su inmensa mayoría cuentan con interventoría, el servidor público o entidad contratante no tendría responsabilidad alguna en vigilar su ejecución y los pagos a los contratistas. Como ente de control, se esperaría que la respuesta de las entidades y personas involucradas fuera su disposición y apoyo a la investigación con miras a la mejora del servicio de recolección barrido y limpieza, que se ha convertido en una tragedia para los bogotanos. Por último y una vez más, hacemos un llamado a que se tomen en serio el papel de los órganos de control”, concluyeron.