Graves problemas de contaminación y, además, un alto riesgo de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado de residuos sólidos y la posibilidad de que el relleno disponible cope su capacidad, encontró la Contraloría al realizar una auditoría en el Archipiélago de San Andrés.

El mismo, declarado por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera Seaflower, con 18 millones de hectáreas, es la de mayor extensión y la más poblada entre las insulares-marinas existentes.

Las deficiencias en la gestión ambiental de la Reserva Seaflower que detectó la Contraloría generan impactos negativos a los ecosistemas y a los pobladores del Archipiélago.

“La Reserva de Biosfera Seaflower es una de las zonas más susceptibles al fenómeno de Cambio Climático, lo cual se agrava con la deficiente gestión institucional que se da en el Archipiélago, como sucede con la disponibilidad de agua dulce, donde se encontró que los acuíferos que abastecen a San Andrés están siendo contaminados de manera continua por filtración de agua residual”, señaló el organismo de control al dar a conocer el resultado de una auditoría.

Añadió que la empresa prestadora del servicio de acueducto no ha generado cambios para mejorar los índices de agua no potabilizada en la Isla, afectando negativamente los acuíferos que sostienen a los pobladores.

De otra parte, la auditoría observó que se ha permitido la operación inadecuada del emisario submarino, cuyos problemas de diseño y operación son evidentes. “Las aguas residuales son vertidas al mar a pocos metros de la línea de costa (500mts), sin ningún tipo de tratamiento, y el agua cristalina que caracteriza a San Andrés es reemplazada por aguas oscuras con olores desagradables, contaminando el que ha sido llamado mar de 7 colores”.

Así mismo, los caudales de descarga son más altos de los permitidos por la autoridad ambiental, sin que a la fecha se hayan tomado medidas efectivas para prevenir y corregir la contaminación y afectación en la zona.

Otra situación “alarmante” es el manejo de residuos sólidos generados en el Archipiélago, debido a que el único relleno sanitario que existe en la isla (el “Magic Garden”), está llegando a su capacidad de diseño y hay riesgo de una emergencia sanitaria al no disponer de otro sitio adecuado para la disposición segura de los desechos, situación que resulta de una política inadecuada para el manejo de residuos sólidos.

La Contraloría encontró que el manejo de lixiviados en el relleno sanitario de San Andrés es inadecuado.

Dentro de las irregularidades observadas se destacan las siguientes: piscinas de evaporación colmatadas, canales de recolección obstruidos que impiden la adecuada circulación del fluido, percolación perimetral de los lixiviados, y caudales importantes de lixiviados sin tratamiento vertidos al suelo, que finalmente se infiltran a los acuíferos subterráneos que se utilizan como fuente de agua, lo cual da cuenta de las deficiencias en la operación de este sitio.

Aún más grave, el organismo de control identificó que una planta para el tratamiento de Residuos Sólidos construida con inversiones por cerca de   $24.380 millones, se encuentra inactiva.

Con esta planta se buscaba ir sustituyendo parcialmente el consumo de diésel como fuente de energía, por generación a partir de los desechos.  Pese a que la planta es totalmente operativa y su construcción se realizó hace más de 6 años, no presta ningún servicio a los pobladores, aumentando la problemática de disposición de residuos en la isla.

Se ha determinado igualmente que los procesos sancionatorios iniciados por Coralina, no son efectivos, puesto que no se culminan o se dilatan sin justificaciones.

“Ejemplos de ello son la ocupación ilegal de playa y construcción de infraestructura en el parque regional Johnny Cay que demuestran laxitud en las acciones de autoridad, dado que se evidenciaron procesos sancionatorios abiertos desde el año 2014 que aún se encuentran sin una decisión de fondo”, indicó la Contraloría.

De otra parte, se encontró que se han contratado obras en San Andrés que no han cumplido el fin para el que fueron generadas, como el muelle proyectado para el cargue y descargue de pasajeros en el Parque Regional Johnny Cay, con inversiones por más de $1.500 millones desde el año 2011, el cual hoy no se encuentra en funcionamiento.